Tanto Gendarmería como el Ministerio de Justicia han levantado la voz de protesta ante la filtración de un informe de la Contraloría General de la República que analiza el funcionamiento de los inhibidores del Sistema de Gestión de Bloqueo de Telefonía en tres penales de la capital. Ambas instituciones han acusado a varios medios de comunicación de haber obtenido el documento sin ninguna reserva que protegiera la información sensible que podría afectar la seguridad pública, especialmente en el ámbito carcelario.
En respuesta a esta situación, Gendarmería ha decidido recurrir a la Justicia presentando una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables de la filtración del informe. La institución ha destacado que el informe emitido por la Contraloría tenía carácter reservado, ya que su publicidad podría tener graves consecuencias para la seguridad pública.
Según Gendarmería, los delitos que se estarían cometiendo en este caso incluyen delito informático, violación de secreto e infidelidad en la custodia de documentos. La filtración de este tipo de información sensible pone en riesgo la efectividad de las medidas implementadas para garantizar la seguridad en los recintos penitenciarios.
El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, ha salido en defensa del sistema de inhibidores de señal, asegurando que sí funciona correctamente. Esto ha generado tranquilidad tanto en el entorno de los penales afectados como en el ámbito de la seguridad nacional en la lucha contra la criminalidad.
Urra ha destacado que, desde la implementación de los inhibidores de señal hace un año, se han bloqueado un total de 51.049 chips y se han incautado 37.329 aparatos telefónicos y módems wifi en los penales. Estas cifras demuestran la efectividad de las medidas tomadas para evitar la comunicación no autorizada desde los recintos penitenciarios.
La filtración del informe de la Contraloría sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal en los penales de Santiago es un hecho grave que pone en peligro la seguridad pública y la efectividad de las medidas implementadas para combatir la criminalidad desde el interior de las cárceles. Es fundamental que se investigue a fondo esta situación y se identifiquen a los responsables de la filtración para evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro. La protección de la información sensible relacionada con la seguridad pública debe ser una prioridad para todas las instituciones involucradas en el sistema penitenciario.
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