El viernes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que revocará las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que se encuentran en el país. Esta medida abre la posibilidad de que estos individuos sean deportados en aproximadamente un mes.
La orden afecta a unas 532.000 personas de los cuatro países mencionados que llegaron a Estados Unidos desde octubre de 2022. Estas personas llegaron con patrocinadores financieros y se les otorgaron permisos de dos años para vivir y trabajar en el país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que perderán su estatus legal el 24 de abril, o 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
La nueva política afecta a personas que ya están en Estados Unidos y que llegaron con permisos condicionales humanitarios. Esta medida se anunció luego de una decisión previa del gobierno del expresidente Donald Trump de poner fin a lo que consideró como un "abuso generalizado" de los permisos condicionales humanitarios. Estos permisos eran utilizados para permitir que personas de países en conflicto o con inestabilidad política ingresaran y vivieran temporalmente en Estados Unidos.
Durante su campaña, Trump prometió deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, y como presidente también ha estado eliminando las vías legales para que los inmigrantes lleguen al país y se queden.
El Departamento de Seguridad Nacional ha señalado que las personas que cuentan con un permiso humanitario, pero carecen de una base legal para permanecer en Estados Unidos, "deben irse" antes de que expire su permiso. Según el departamento, el permiso humanitario es temporal y no constituye una base subyacente para obtener ningún estatus migratorio.
Antes de la nueva orden, los beneficiarios del programa podían permanecer en Estados Unidos hasta que expirara su permiso humanitario, aunque el gobierno federal había dejado de procesar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que les permitirían quedarse más tiempo.
La decisión del gobierno de revocar las protecciones legales para estos inmigrantes ya ha sido impugnada en los tribunales federales. Un grupo de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes ha demandado al gobierno de Trump por terminar con el permiso condicional humanitario y están buscando que se reinstauren los programas para las cuatro nacionalidades afectadas.
Abogados y activistas han criticado la decisión del gobierno, señalando que causará caos y angustia en familias y comunidades en todo el país. Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, una de las organizaciones que presentaron la demanda, calificó la medida como "imprudente, cruel y contraproducente".
El gobierno del expresidente Joe Biden había permitido que hasta 30.000 personas al mes de los cuatro países mencionados vinieran a Estados Unidos por dos años con la posibilidad de trabajar. Se había llegado a un acuerdo con México para aceptar un número equivalente de migrantes de estos países, ya que Estados Unidos tenía limitaciones para deportar a estos individuos a sus países de origen.
Hasta la fecha, Cuba aceptaba alrededor de un vuelo de deportación al mes, mientras que Venezuela y Nicaragua no habían aceptado ninguno. Estos tres países son considerados adversarios de Estados Unidos. Por su parte, Haití había aceptado varios vuelos de deportación, especialmente después de un aumento de migrantes haitianos en la frontera con Texas en 2021. Sin embargo, la situación en Haití ha sido inestable, lo que ha dificultado los esfuerzos de deportación por parte de Estados Unidos.
Desde finales de 2022, más de medio millón de personas han llegado a Estados Unidos bajo la política de permisos humanitarios, también conocida como CHNV. Esta política formaba parte de la estrategia del gobierno de Biden para fomentar la inmigración a través de vías legales, al mismo tiempo que se rechazaba la migración ilegal.
La decisión del gobierno de revocar las protecciones legales para estos inmigrantes ha generado controversia y preocupación entre diversos sectores de la sociedad. La situación de estos individuos y el impacto de esta medida continúan siendo motivo de debate y análisis por parte de expertos y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Con información de AP.
La revocación de las protecciones legales para cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos plantea importantes desafíos y cuestionamientos en el ámbito de la política migratoria. La decisión del gobierno de eliminar los permisos condicionales humanitarios ha generado críticas y preocupación por parte de abogados, activistas y ciudadanos.
El impacto de esta medida en las comunidades afectadas y en la sociedad en general es un tema de gran relevancia y actualidad. La situación de los inmigrantes en Estados Unidos y las implicaciones de estas políticas migratorias requieren un análisis profundo y una reflexión sobre los derechos humanos y la justicia social en un contexto cada vez más complejo y desafiante.
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