La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, compareció ante la comisión investigadora por la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Guardia Vieja, defendiendo el actuar del organismo y explicando el proceso que se llevó a cabo en relación con esta operación.
Pérez explicó que la Contraloría solo visó el primer paso para llevar adelante la compra de un bien raíz por parte del Fisco. Este primer paso consistió en revisar el motivo de la operación, su tasación y precio -validado por tres estudios entregados como antecedentes, y si estaban ajustados a derecho. Es importante destacar que esta autorización previa era parte del proceso y cumplía con la norma legal establecida.
En cuanto a la calidad de las co-propietarias de la casa, la senadora Isabel Allende y la ex ministra Maya Fernández, Pérez aclaró que en la etapa de autorización no se analizó este aspecto. La funcionaria señaló que en el tiempo que media entre la autorización y la compraventa podrían ocurrir diferentes situaciones que cambiaran la titularidad de la propiedad, por lo que el enfoque se centró en la operación en sí y no en los propietarios.
Pérez detalló que el primer decreto de autorización emitido por la Contraloría es un acto preliminar que solo habilita al Fisco, en este caso al Ministerio de Bienes Nacionales, a adquirir un inmueble en particular. Este acto no valida el tenor ni las partes de una eventual compraventa que en el futuro se celebre, ya que dicha operación debe ser aprobada por un acto administrativo específico y posterior sometido a su propio control de legalidad.
Ante la pregunta de si la Contraloría hubiera rechazado el contrato de compraventa de la casa de Allende al tener como beneficiarias a Allende y Fernández, Pérez fue clara en señalar que no le corresponde al organismo pronunciarse sobre situaciones hipotéticas. La función de la Contraloría se limita a verificar la legalidad de los actos administrativos concretos que se presenten ante ella.
En resumen, Dorothy Pérez defendió el proceso seguido por la Contraloría en la autorización previa para la compra de la casa de Salvador Allende, explicando que el enfoque se centró en aspectos legales y administrativos, dejando de lado consideraciones sobre los propietarios y posibles situaciones futuras. La transparencia y legalidad en este tipo de operaciones son fundamentales para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.
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