La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados ha aprobado un informe detallado sobre el Caso ProCultura, en el que se han identificado múltiples irregularidades administrativas y se ha destacado la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría. El informe, respaldado por la mayoría de los miembros de la comisión, señala la existencia de "debilidades significativas en los controles asociados a la entrega y rendición de recursos públicos".
Según el documento, se han encontrado reiteradas irregularidades en la gestión de ProCultura, una fundación que recibió fondos públicos por un total que podría ascender a los 6.000 millones de pesos. Estos recursos provenían principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como de Gobiernos Regionales y municipalidades, y fueron distribuidos en al menos siete regiones del país.
El informe también destaca el papel desempeñado por el ex asesor presidencial Miguel Crispi durante su cargo como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere). Además, menciona que la Fiscalía Regional de Coquimbo ha iniciado investigaciones por presuntos delitos como fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias y negociación incompatible en relación con el Caso ProCultura.
El presidente de la comisión, diputado Andrés Longton (RN), ha afirmado que el informe refleja que ProCultura se aprovechó deliberadamente de las instituciones para obtener ilegalmente recursos públicos. Asimismo, señaló que se han identificado responsabilidades de algunos gobernadores, como Claudio Orrego y Jorge Flies, por vulnerar el principio de probidad.
Por su parte, el diputado independiente Jaime Araya ha destacado la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría, tanto en términos de control como de recuperación de recursos desaparecidos. Según Araya, en un contexto de corrupción institucional, la Contraloría debe contar con mecanismos más sólidos de supervisión.
Otro miembro de la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN), ha calificado las conclusiones del informe como "lapidarias". Según Castro, se ha perpetrado una estafa al Estado en el Caso ProCultura, con personas contratadas por la fundación para prestar servicios a la misma, lo que constituye una triangulación de fondos. En sus palabras, se ha estafado tanto políticamente como financieramente a la población.
En resumen, el informe de la Comisión Especial sobre el Caso ProCultura pone de manifiesto la importancia de fortalecer los controles en la entrega y rendición de recursos públicos, así como la necesidad de investigar y sancionar las irregularidades administrativas detectadas. Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia y la probidad en la gestión de los recursos públicos, así como la responsabilidad de las autoridades en su correcta administración.
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