Un juez de Curazao ha emitido un fallo condenatorio contra una mujer venezolana de 25 años por tráfico de personas, después de que esta planificara un viaje clandestino en lancha para llevar a su hijo a la isla. La sentencia impuesta por el abogado Sigmar Carmelia de la Corte Conjunta incluye una pena de prisión de 90 días, seguida de tres años de libertad condicional.
La acusada, cuya identidad no ha sido revelada, intentó reunirse con su hijo utilizando la misma ruta que ella había navegado meses antes para escapar de la crisis en Venezuela. El caso fue juzgado según lo establecido en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, que cuenta con un protocolo específico sobre el tráfico de migrantes.
El fallo del juez Carmelia fue emitido en una audiencia en noviembre de 2023, pero no fue hasta el 3 de marzo de 2025 que la decisión fue oficialmente registrada en los archivos judiciales de la Corte Conjunta del Caribe Neerlandés.
El 4 de marzo, la Guardia Costera del Caribe Neerlandés rescató a diez venezolanos que viajaban ilegalmente en una lancha que naufragó en aguas de Curazao. Trágicamente, una persona falleció y otras 14, incluidos dos menores, fueron declaradas desaparecidas. Entre los rescatados se encontraba el hijo de la mujer condenada, de tan solo 7 años.
El niño quedó bajo custodia de las autoridades locales luego de un operativo conjunto entre la policía y la Guardia Costera en la bahía Fuik, un punto de llegada frecuente para embarcaciones que transportan migrantes desde San José de la Costa, en Falcón, Venezuela.
Durante el proceso judicial, la acusada confesó haber coordinado el traslado de su hijo a Curazao con su expareja, quien fue acusado de complicidad en el tráfico de personas. La defensa alegó que la mujer actuó por motivos humanitarios, pero el juez Carmelia consideró que existían otras opciones legales para lograr la reunificación familiar.
La abogada defensora, Athena Sulvarán, sostuvo que su cliente debía ser absuelta, pero el juez desestimó este argumento al considerar que la acusada había contribuido a la entrada ilegal del menor en la isla. Carmelia destacó que, si bien la mujer buscaba sacar a su hijo de las difíciles condiciones en Venezuela, no estaba justificado poner en riesgo su vida y evadir los controles fronterizos.
Tras el incidente en la bahía Fuik, la Fiscalía de Curazao informó de un aumento en el tráfico de personas desde Venezuela, una tendencia que también fue observada por el Parlamento de la isla. El Cuerpo de Guardacostas emitió un informe advirtiendo sobre una posible ola migratoria debido al prolongado conflicto político en el país sudamericano.
En conclusión, este caso destaca la complejidad de la migración irregular y las consecuencias legales que pueden derivarse de intentos desesperados por buscar una vida mejor. La condena de la mujer venezolana en Curazao pone de manifiesto la importancia de abordar estas situaciones de manera legal y segura, sin poner en riesgo la vida de los migrantes ni socavar las leyes y controles fronterizos.
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