El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que muy pronto podría tomar medidas para acabar con las llamadas "ciudades santuario", que son estados y localidades que limitan la cooperación con los agentes federales de inmigración. Según Trump, estas ciudades están protegiendo a los delincuentes al negarse a colaborar con las fuerzas del orden.
Entre las ciudades y estados santuario destacan Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Oregón, la mayoría de los cuales están gobernados por demócratas. Estas jurisdicciones permiten que la policía se niegue a cooperar con agentes migratorios si no cuentan con una orden judicial o de arresto.
Los gobernantes de las ciudades santuario argumentan que la mano dura migratoria tiene consecuencias negativas, ya que mina la confianza en las autoridades y hace que los migrantes en situación irregular sean reticentes a denunciar delitos. Además, señalan que estas políticas afectan a la salud pública, ya que los migrantes tienen miedo de acudir al médico.
Según cifras oficiales, alrededor de 14 millones de migrantes viven de forma irregular en Estados Unidos. Trump ha hecho de la lucha contra la migración ilegal una de las medidas estrella de su mandato, calificando a los migrantes indocumentados como delincuentes por ingresar al país sin visa o autorización.
Durante una sesión en el Congreso a principios de marzo, los republicanos criticaron a alcaldes demócratas de ciudades santuario por sus políticas migratorias que calificaron de "procriminales".
Además de amenazar con acabar con las ciudades santuario, el gobierno de Estados Unidos ha tomado otras medidas en contra de la población migrante. Recientemente, se ha suspendido el procesamiento de solicitudes de residencia permanente para ciertos inmigrantes, incluidos refugiados y asilados previamente aprobados.
Esta suspensión afecta a personas que enfrentaban persecución en sus países de origen por motivos políticos, religiosos o raciales, y que fueron admitidos legalmente bajo los programas de asilo o refugio. La decisión ha sido emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) y ha detenido temporalmente los casos de "Ajuste de Estatus".
Adicionalmente, se ha oficializado el fin del programa parole humanitario para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Esta medida establece que el beneficio expirará en 2025, por lo que aquellos que no hayan solicitado otro estatus migratorio deberán abandonar el país antes de esa fecha.
En resumen, las políticas migratorias del gobierno de Trump están generando controversia y preocupación entre la población migrante y sus defensores. La amenaza de acabar con las ciudades santuario y la suspensión de programas de residencia permanente y parole humanitario son medidas que están afectando a miles de personas que buscan una vida mejor en los Estados Unidos. La lucha entre la administración Trump y las ciudades santuario continuará siendo un tema candente en el debate migratorio del país.
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