El pasado viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, se reunieron en La Haya con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para abordar el caso del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Este encuentro tuvo como objetivo compartir información relevante sobre el crimen y explorar posibles vías de cooperación entre la investigación chilena y la indagación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Ronald Ojeda, un disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por individuos vestidos como agentes policiales y posteriormente asesinado. Su cuerpo fue encontrado enterrado bajo cemento en las afueras de Santiago, 10 días después del secuestro. Hasta el momento, se han identificado 16 sospechosos, incluidos miembros de la banda venezolana "Tren de Aragua", aunque los autores intelectuales del crimen aún no han sido determinados.
Según las autoridades chilenas, el crimen de Ojeda tuvo un móvil político evidente y se descarta que haya sido un secuestro común, ya que no se realizó ninguna exigencia de rescate ni se observaron otras motivaciones delictivas habituales en este tipo de casos. La principal hipótesis apunta a un asesinato por encargo, posiblemente con la participación de agentes extranjeros.
El Ministerio Público chileno ha expresado sus sospechas sobre la posible implicación de altos funcionarios del chavismo en Venezuela en el crimen de Ojeda. Además, la familia de la víctima sostiene que este asesinato forma parte de un plan sistemático para eliminar a opositores políticos en el país sudamericano.
Durante la reunión en La Haya, Chile compartió información detallada sobre el caso de Ronald Ojeda con la CPI y recibió una respuesta en general positiva sobre la posibilidad de establecer una cooperación más estrecha con la fiscalía internacional. Sin embargo, aún se deben definir los mecanismos concretos para esta colaboración y determinar cómo ambas partes pueden trabajar en conjunto para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
La CPI, que desde 2021 investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, mantiene el caso en marcha, aunque no ha revelado detalles específicos sobre el avance de sus pesquisas. La cooperación entre Chile y la CPI en este caso podría ser clave para obtener más información sobre los presuntos crímenes cometidos en Venezuela y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
El asesinato de Ronald Ojeda ha generado conmoción en Chile y en la comunidad internacional debido a sus posibles implicaciones políticas y al presunto carácter sistemático de los crímenes contra opositores en Venezuela. La reunión entre las autoridades chilenas y la CPI representa un paso importante en la búsqueda de justicia y verdad en este caso, así como en la lucha contra la impunidad en situaciones de violaciones a los derechos humanos.
Esperamos que la cooperación entre Chile y la CPI arroje resultados positivos y contribuya a esclarecer los hechos relacionados con el asesinato de Ronald Ojeda, así como a identificar a los responsables intelectuales y materiales de este crimen. La verdad y la justicia son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos y para prevenir la impunidad en casos de violencia política y persecución de opositores en cualquier parte del mundo.
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