El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha comenzado a notificar a miles de inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela sobre la revocación de sus permisos temporales de residencia y trabajo en el país. Esta medida, implementada bajo un programa de parole humanitario durante la administración de Joe Biden, ha generado controversia y preocupación entre la comunidad inmigrante.
Según información filtrada por periodistas como Jennie Taer del New York Post, alrededor de 530 mil inmigrantes se verán afectados por esta revocación de permisos temporales. Estos individuos, que habían obtenido la autorización para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos desde 2022, ahora enfrentan la posibilidad de ser detenidos y deportados si no abandonan el país antes del 24 de abril, fecha límite establecida por el DHS.
El DHS ha emitido declaraciones acusando a la administración anterior de permitir la entrada de más de medio millón de personas sin una investigación adecuada, lo que supuestamente habría perjudicado a los trabajadores estadounidenses y comprometido la seguridad pública. Esta revocación del programa de parole humanitario se presenta como un retorno a las políticas de "EE. UU. Primero", según el vocero del DHS.
A pesar de que el programa de parole humanitario había sido implementado para promover una migración ordenada, muchos beneficiarios aún desconocen si lograron cambiar su estatus migratorio o si permanecerán legalmente en el país una vez que sus permisos expiren. El DHS ha advertido que aquellos que no salgan del país antes de la fecha límite podrían enfrentar dificultades para futuros intentos de ingresar a Estados Unidos al acumular tiempo como inmigrantes ilegales.
La revocación de los permisos temporales ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que han presentado una demanda contra la medida. Según estas organizaciones, la cancelación de los permisos sin una audiencia ante un juez de inmigración viola el debido proceso migratorio. Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, ha expresado su preocupación, afirmando que el gobierno busca expulsar a los inmigrantes sin permitirles presentar su caso en la corte.
En conclusión, la revocación de los permisos temporales de residencia y trabajo para inmigrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela ha generado incertidumbre y preocupación en la comunidad inmigrante. La falta de claridad sobre el futuro de estos individuos y las posibles consecuencias de no cumplir con la fecha límite establecida por el DHS han desatado críticas y demandas por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La situación sigue en desarrollo y será importante seguir de cerca los próximos acontecimientos relacionados con esta controvertida medida.
Con información de Versión Final.
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