La administración Trump ha dado un paso contundente al revocar los permisos y exenciones que permitían a las empresas energéticas occidentales operar en Venezuela, según informaron tres fuentes a Bloomberg. Esta medida, que se suma a las sanciones ya existentes contra el gobierno de Nicolás Maduro, busca aislar aún más al presidente venezolano del mercado petrolero mundial.
Entre las empresas afectadas por esta decisión se encuentran la petrolera estadounidense Global Oil Terminals, dirigida por el magnate de la energía Harry Sargeant III. Asimismo, se mencionan la española Repsol y la francesa Maurel & Prom como compañías que también deberán cerrar sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo.
La revocación de estos permisos también afecta a las licencias emitidas a compañías de gas venezolanas que tienen acuerdos con la petrolera estatal, PDVSA. Esta medida representa un golpe significativo para la economía venezolana, que ha visto cómo las sanciones internacionales dificultan cada vez más sus operaciones petroleras.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había otorgado diferentes permisos a empresas internacionales de petróleo y gas, incluidas licencias, exenciones o cartas de garantía, para permitirles realizar operaciones en Venezuela, como exportar el petróleo de PDVSA, a pesar de las sanciones impuestas.
Global Oil Terminals, liderada por Harry Sargeant III, deberá finalizar las transacciones financieras con PDVSA antes del 2 de abril y pagar cualquier deuda restante por las compras de petróleo asfáltico. La compañía había obtenido una exención de dos años en mayo del año pasado, lo que permitía la compra y transporte de asfalto producido en Venezuela a Estados Unidos y el Caribe.
La administración Trump también ha dado un plazo a Chevron hasta el 27 de mayo para concluir sus operaciones en Venezuela, como parte de las medidas para presionar al gobierno de Maduro a realizar reformas y aceptar el regreso de venezolanos que habían emigrado a los Estados Unidos. Esta presión internacional busca promover cambios políticos y económicos en el país sudamericano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se ha mantenido en silencio ante estas decisiones, al igual que la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Por su parte, Repsol, Maurel & Prom y PDVSA no han emitido comentarios al respecto. La falta de respuestas por parte de las empresas afectadas refleja la complejidad y sensibilidad de la situación política y económica en Venezuela.
La revocación de los permisos y exenciones a empresas energéticas occidentales en Venezuela representa un duro golpe para la economía del país y para el gobierno de Nicolás Maduro. Las sanciones internacionales continúan presionando a las autoridades venezolanas a realizar cambios significativos en su política y gestión petrolera. El futuro de las operaciones petroleras en Venezuela sigue siendo incierto, mientras la comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos en este país sudamericano.
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