La reciente tragedia ocurrida en el Estadio Monumental, donde dos jóvenes perdieron la vida, ha llevado a la oposición a dar un paso audaz y significativo en el ámbito político. Este martes, los partidos de la oposición anunciaron su intención de presentar una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. La decisión se basa en lo que consideran graves negligencias en la coordinación de la seguridad durante el partido entre Colo-Colo y Fortaleza, un evento que, lamentablemente, terminó en caos y tragedia.
La iniciativa está siendo impulsada por una coalición de partidos, entre los que se destacan la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN), Evópoli, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Esta unidad busca responsabilizar políticamente a Durán, argumentando que su gestión fue inadecuada y no garantizó la seguridad de los asistentes.
Henry Leal, jefe de la bancada de la UDI, afirmó que existen suficientes fundamentos jurídicos para proceder con la acusación. En su intervención, enfatizó que Durán habría incumplido el artículo 1° de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos. “El delegado tiene la obligación de resguardar la vida e integridad de los ciudadanos y facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública”, indicó Leal, quien además anticipó que el documento formal se presentará la próxima semana y detallará los fundamentos legales de la acusación.
Por su parte, el gobierno y miembros del oficialismo han salido en defensa de Gonzalo Durán, enfatizando que la responsabilidad de la seguridad en los estadios recae principalmente en el programa “Estadio Seguro”, que está bajo la administración del Ministerio del Interior. Esta posición ha sido respaldada por varios expertos en seguridad pública, quienes argumentan que la gestión de eventos deportivos de gran magnitud implica múltiples capas de responsabilidad y coordinación.
Sin embargo, la propuesta de la oposición enfrenta un panorama complejo. Hasta la fecha, seis acusaciones constitucionales presentadas anteriormente contra diversas autoridades de gobierno, incluyendo a exministras como Carolina Tohá e Izkia Siches y exministros como Marco Antonio Ávila y Giorgio Jackson, no lograron obtener los 78 votos necesarios para prosperar en el Congreso. Este antecedente plantea dudas sobre la viabilidad de la nueva acusación contra Durán.
Un elemento clave en este proceso será la postura que adopte la bancada de Demócratas, que en ocasiones anteriores ha sido determinante para rechazar este tipo de acusaciones. La diputada Érika Olivera ha manifestado que su grupo está dispuesto a evaluar los argumentos presentados, pero que actuarán con responsabilidad, votando a favor solo en casos donde existan fundamentos sólidos y claros.
La tragedia en el Estadio Monumental ha reabierto el debate sobre la seguridad en eventos masivos y la responsabilidad de las autoridades públicas en la protección de los ciudadanos. La confianza de la población en la capacidad del Estado para garantizar un ambiente seguro en actividades recreativas es fundamental, y los acontecimientos recientes han puesto a prueba esa confianza. La oposición, al plantear esta acusación, busca no solo hacer justicia por los afectados, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de una mayor responsabilidad en la gestión de la seguridad pública.
En conclusión, la presentación de la acusación constitucional contra Gonzalo Durán es un reflejo de las tensiones políticas actuales y de la urgencia de abordar la seguridad en el ámbito deportivo. A medida que avanza este proceso, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué repercusiones tendrá en la política nacional y en la percepción pública sobre la seguridad en Chile.
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