El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto una querella criminal por apremios ilegítimos con homicidio en contra de funcionarios de Carabineros de Chile. Esta acción legal surge a raíz del trágico atropello que costó la vida a Martina Isidora Riquelme, de 18 años, y a un niño de 12 años, conocido por sus iniciales M.A.L.L. Este incidente ocurrió el jueves 10 de abril de 2025, en las cercanías del Estadio Monumental, donde ambos se encontraban en la intersección de Avenida Marathon con Benito Rebolledo.
El vehículo policial, un automóvil tipo “zorrillo” con placa J-1224 de la 28° Comisaría C.O.P., circulaba a alta velocidad cuando embistió vallas metálicas que impactaron a las víctimas. La querella presentada por el INDH señala que el automóvil no detuvo su marcha ni prestó ayuda a los heridos, quienes quedaron tendidos en el pavimento con lesiones mortales. Posteriormente, otro carro policial se detuvo para trasladar a los afectados a la Clínica Bupa de La Florida, donde se confirmó su fallecimiento.
La falta de asistencia inmediata por parte del vehículo responsable del atropello ha generado una ola de indignación en la sociedad chilena. Testigos del hecho y familiares de las víctimas han expresado su profundo dolor y su demanda de justicia. El INDH, al presentar la querella, ha subrayado que el actuar del conductor del vehículo policial violó los protocolos establecidos para el uso de vehículos tácticos, enfatizando que la operación no fue ni proporcional ni justificada.
Además, la denuncia incluye el uso de agentes químicos disuasivos por parte de las fuerzas policiales para dispersar a la multitud, una acción que, según el INDH, elevó el riesgo de peligrosidad en la zona en el momento del accidente.
En su querella, el INDH ha solicitado una serie de diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Entre ellas, se encuentra la incautación del vehículo táctico J-1224 para realizar un análisis técnico, peritajes de rastros biológicos y revisión de su estado mecánico. También se ha demandado la preservación de la cadena de custodia del vehículo implicado.
Adicionalmente, el INDH ha pedido a la Fiscalía acceso a grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la intersección de Benito Rebolledo con Marathon durante el período entre las 17:30 y 20:00 horas del 10 de abril. Asimismo, se ha solicitado el Dato de Atención de Urgencia (DAU) y registros clínicos proporcionados por la Clínica Bupa.
En un esfuerzo por garantizar la transparencia en la investigación, el INDH ha exigido la aplicación del Protocolo de Minnesota, una norma internacional que establece lineamientos para investigar muertes que podrían ser ilícitas. Esto incluye la realización de una nueva autopsia independiente de las víctimas.
Además, han pedido la citación a declarar de familiares, testigos presenciales y funcionarios policiales que pudieron estar involucrados directa o indirectamente en el incidente, con el objetivo de establecer responsabilidades penales claras.
La querella presentada por el INDH invoca los artículos 150 D y 150 E N°1 del Código Penal chileno, que tipifican los apremios ilegítimos con resultado de muerte cometidos por agentes del Estado. Esta acción legal representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, y pone de relieve la necesidad de una actuación fiscal proactiva y con perspectiva de derechos humanos.
El INDH ha expresado su compromiso con la justicia, enfatizando que es fundamental que estos trágicos sucesos no queden impunes. La intervención de las instituciones es crucial para garantizar que se realicen las investigaciones adecuadas y se tomen las medidas necesarias para prevenir que incidentes similares ocurran en el futuro.
El atropello de Martina Isidora Riquelme y M.A.L.L. ha puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas policiales en situaciones de conflicto y la importancia del respeto a los derechos humanos. La respuesta del INDH al presentar esta querella no solo busca justicia para las víctimas, sino que también pretende establecer un precedente en la lucha contra la impunidad y la garantía de derechos fundamentales en Chile.
A medida que avanza la investigación, la sociedad chilena se mantiene atenta a los resultados y espera que se tomen decisiones que aseguren la protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de su situación o contexto. La búsqueda de justicia es un proceso que requiere del compromiso de todos, y el caso de Martina y M.A.L.L. es un recordatorio de la urgencia de este trabajo.
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