Entre el 21 y el 26 de abril de 2023, Florida fue escenario de un operativo sin precedentes denominado “Operación Marea”, que resultó en la detención de 1.120 inmigrantes. Esta acción fue realizada por un esfuerzo conjunto de agencias federales, estatales y locales, y fue anunciada por el gobernador Ron DeSantis en una rueda de prensa donde destacó la importancia de la operación en el contexto de la política migratoria del estado.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los detenidos son catalogados como “extranjeros ilegales con antecedentes criminales”. Este operativo ha sido calificado como la mayor acción conjunta de inmigración en la historia de Florida, lo que ha provocado reacciones diversas tanto a favor como en contra de la medida.
En sus declaraciones, DeSantis subrayó que Florida se ha convertido en un líder en la aplicación de las leyes migratorias a nivel nacional. “Florida se ha convertido en la punta de lanza del país en la aplicación de la ley federal de inmigración”, afirmó, reiterando su compromiso con políticas de seguridad fronteriza y con la aplicación estricta de las leyes existentes.
Durante la rueda de prensa, el gobernador DeSantis proporcionó información sobre el perfil de los detenidos, indicando que el 63% de ellos ya contaba con órdenes de arresto o condenas penales previas. Los cargos que enfrentan muchos de estos individuos son graves, incluyendo delitos violentos y crímenes sexuales. Algunos de los detenidos tienen vínculos con pandillas notorias como MS-13, el Tren de Aragua, Barrio Azteca y la pandilla Calle 18, lo que ha alimentado el discurso de la administración sobre la necesidad de una acción más contundente contra la criminalidad asociada a la inmigración ilegal.
La operación ha suscitado una amplia gama de reacciones. Mientras que los partidarios de la administración DeSantis celebran la medida como un triunfo en la lucha contra el crimen y la inmigración ilegal, diversas organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el perfilamiento racial y la legalidad de algunas de las detenciones realizadas. Estas organizaciones argumentan que las redadas pueden ser desproporcionadas y que afectan a comunidades enteras de inmigrantes, muchos de los cuales no representan una amenaza para la seguridad pública.
A pesar de las críticas, tanto el gobernador como representantes de ICE defendieron el carácter “selectivo” de la operación, enfatizando que se centró en individuos con un historial criminal comprobado en lugar de realizar un barrido indiscriminado en comunidades inmigrantes. Sin embargo, la discusión sobre la efectividad y la ética de tales operativos sigue siendo un tema candente en la esfera pública.
La “Operación Marea” no solo marca un hito en la historia de la aplicación de la ley de inmigración en Florida, sino que también establece un precedente para futuras acciones en el estado y posiblemente en otros lugares del país. La administración DeSantis ha dejado claro que esta operación es parte de un enfoque más amplio para abordar la inmigración y la seguridad pública, lo que podría llevar a más operativos similares en el futuro.
Las reacciones políticas a esta operación también podrían influir en el clima electoral en el estado. A medida que se acerca la campaña electoral, la postura de DeSantis sobre temas de inmigración y seguridad podría convertirse en un punto focal, tanto para sus partidarios como para sus opositores.
La “Operación Marea” representa una de las acciones más significativas en la historia de la política de inmigración en Florida, generando un amplio espectro de reacciones y opiniones. Mientras algunos ven en ella una medida necesaria para garantizar la seguridad pública, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas en las comunidades de inmigrantes. En medio de este debate, queda claro que la cuestión de la inmigración y su relación con el crimen seguirá siendo un tema crucial en el panorama político de Florida y del país.
Con información de CNN
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