La ONG Foro Penal ha presentado un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Según su balance más reciente, hasta el 28 de abril de 2025, se contabilizan 906 personas detenidas por razones políticas en el país. Esta cifra representa un preocupante indicador de la represión que se vive en el contexto venezolano.
Foro Penal destaca que de los detenidos, 815 son hombres y 91 son mujeres, lo que evidencia un predominio masculino en estos arrestos. Del total, 737 detenidos son civiles, mientras que 169 pertenecen a las fuerzas armadas. Este dato sugiere que la represión no solo afecta a la población civil, sino que también se extiende a sectores tradicionalmente más alineados con el poder, como los militares.
La mayoría de los detenidos son adultos (901), comparado con solo cinco adolescentes, lo que refleja una política de detención que se ensaña con la población mayor de edad. En la última semana, se han reportado 17 nuevas detenciones, lo que indica que las acciones represivas continúan a un ritmo alarmante, a pesar de la creciente exposición internacional del problema.
El informe de Foro Penal también revela que 150 de los detenidos han sido condenados, mientras que 756 permanecen en una situación de incertidumbre, sin sentencia dictada. Esto plantea serias interrogantes sobre el acceso a un debido proceso y la calidad de la justicia en Venezuela. La falta de transparencia en el sistema judicial ha llevado a denuncias sobre juicios irregulares y condenas fabricadas, en muchos casos sin pruebas suficientes.
Un punto crítico que resalta el informe es el paradero de 67 detenidos, de los cuales no se tiene información desde su arresto. Este fenómeno de desapariciones forzadas es un claro indicativo de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Las familias de estos detenidos viven en un limbo informativo, sin saber si están vivos o muertos, lo que genera un sufrimiento inimaginable.
Foro Penal ha remitido este informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su verificación. Esto es un paso fundamental para dar visibilidad a la situación de los derechos humanos en Venezuela y presionar por la liberación de los presos políticos. La comunidad internacional tiene un rol crítico en señalar las violaciones de derechos humanos y exigir rendición de cuentas al régimen venezolano.
El informe de Foro Penal no solo presenta cifras; también es un llamado a la acción. La sociedad civil, tanto en Venezuela como en el exterior, está movilizándose para exigir justicia y exigir la liberación de todos los presos políticos. Las organizaciones no gubernamentales han comenzado a organizar eventos y campañas de concienciación, mientras que representantes diplomáticos en el extranjero están intentando llevar la situación de Venezuela al centro del debate internacional.
A pesar de la sombría realidad, también hay historias de resiliencia y lucha. Muchas familias han tomado la delantera en la búsqueda de justicia, formando redes de apoyo y activismo que buscan no solo la liberación de sus seres queridos, sino también reconstruir el tejido social que ha sido desgastado por años de represión. Estas acciones, aunque pequeñas, son pasos hacia la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.
La situación de los presos políticos en Venezuela engloba un espectro amplio de violaciones a los derechos humanos. Como han señalado organismos internacionales, es vital que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas para garantizar que los responsables de estas violaciones rindan cuentas. La comunidad internacional debe mantener la presión sobre el gobierno venezolano y actuar de manera contundente frente a esta crisis humanitaria. La libertad de los ciudadanos y el respeto a sus derechos son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, y en este contexto, un futuro mejor para Venezuela parece depender de la acción colectiva y la solidaridad global.
Con información de Versión Final
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