Este martes, un masivo operativo policial llevó a cabo el desmantelamiento de una toma ilegal en la calle Condell de San Bernardo, donde se descubrió una estructura que, según las autoridades, utilizaba una fachada religiosa evangélica para encubrir negocios irregulares y actividades delictivas. Este hecho ha generado un revuelo en la comunidad, que ha estado sometida a las consecuencias de esta operación ilegal durante un prolongado período de tiempo.
El asentamiento, que albergaba aproximadamente a 50 personas en 25 viviendas, era liderado por un individuo autodenominado “pastor”, quien cobraba la suma de $100 mil mensuales por habitación. Este modelo de negocio, que se disfrazaba de actividad religiosa, ha sido un tema de preocupación para las autoridades locales.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció que “por dos años estuvo secuestrado un espacio público” bajo esta operación irregular. White explicó que el modus operandi de la organización consistía en “tomar sitios eriazos, adueñarse del espacio, poner fachadas de rehabilitación y utilizarlas para hacer negocios”. Esta situación no solo afectó a los inquilinos del lugar, sino que también empezó a generar externalidades negativas para la comunidad circundante.
Durante el operativo, las fuerzas del orden encontraron un templo religioso que servía como cobertura para las actividades ilegales, un kiosco con sistema de pago Getnet para transacciones con tarjetas, así como servicios de lavandería y las mencionadas 25 viviendas precarias. Este hallazgo revela la complejidad de la red que operaba en la clandestinidad, utilizando la religión como una especie de escudo para sus prácticas irregulares.
El seremi interino de Seguridad Pública, Jaime Fuentes, manifestó que “existía una iglesia que funcionaba junto con diversos servicios (…) que operaban como pantalla para desarrollar incivilidades y delitos”. A pesar del éxito del operativo, hasta el momento no se han reportado detenidos, lo que genera preocupación sobre la posible continuidad de estas actividades delictivas en otras áreas.
Las autoridades han confirmado que el lugar será destinado a uso comunitario, con el objetivo de revertir el daño causado por esta operación ilegal. Este cambio de uso del espacio, según el alcalde White, es fundamental para recuperar la confianza de la comunidad y restablecer el orden en la zona. Sin embargo, la transformación de este espacio no será suficiente si no se identifica y se lleva ante la justicia a los responsables de esta organización irregular.
El desmantelamiento de esta toma ilegal en San Bernardo es un claro ejemplo de cómo las organizaciones delictivas pueden infiltrarse en comunidades vulnerables, aprovechándose de la fe y la desesperación de las personas. La utilización de una fachada religiosa no solo es un acto de engaño, sino que también pone en riesgo la integridad de la comunidad, generando un ambiente de desconfianza y temor.
La respuesta de las autoridades es un paso positivo, aunque la falta de detenidos resalta la necesidad de un enfoque más integral en la lucha contra la delincuencia organizada. Es crucial que se implementen estrategias que no solo se enfoquen en desmantelar estas estructuras, sino que también aborden las causas subyacentes que permiten que tales operaciones prosperen.
El caso de San Bernardo debe servir como un llamado de atención para otras comunidades y autoridades locales. La colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas del orden es fundamental para prevenir que situaciones similares se repitan. La construcción de espacios seguros y la promoción de la transparencia en las actividades comunitarias son esenciales para erradicar las prácticas delictivas que amenazan la cohesión social.
En conclusión, el operativo policial en San Bernardo no solo ha desmantelado una estructura ilegal, sino que también ha abierto la puerta a una discusión más amplia sobre la necesidad de proteger a las comunidades de las amenazas que se esconden detrás de fachadas aparentemente inocentes. Solo a través de un esfuerzo conjunto y un enfoque proactivo se podrá garantizar un futuro más seguro y justo para todos.
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