Iniciativa para salvaguardar a conductores del transporte

El Diputado Andrés Giordano y su Propuesta para la Protección de Trabajadores del Transporte Público

El diputado Andrés Giordano ha dado un paso significativo en la defensa de los derechos laborales de los conductores y trabajadores del transporte público en Chile. En una reciente sesión, presentó una indicación al proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que tiene como objetivo aumentar las sanciones por evasión del pago de pasajes y agresiones hacia los trabajadores de este sector. Esta propuesta, presentada el pasado martes, ha recibido un respaldo amplio y transversal en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que refleja su importancia y urgencia.

Un Nuevo Título para el Código del Trabajo

La indicación del diputado Giordano busca incorporar un nuevo Título VI al Código del Trabajo, titulado “De la protección de las y los trabajadores del transporte público”. Este nuevo marco legal tiene como eje central la obligación de los empleadores de instalar cabinas de segregación, con el propósito de proteger físicamente a los conductores y conductoras de posibles agresiones. La propuesta establece un plazo máximo de seis meses para que se implementen estas medidas desde la entrada en vigencia de la ley.

Giordano enfatizó la necesidad de un cambio en la percepción y el tratamiento que reciben los trabajadores del transporte público, señalando que “hoy no basta con castigar al agresor. Es indispensable que el Estado asuma un estándar de protección laboral acorde al nivel de exposición y violencia que viven las y los trabajadores del transporte público”. Estas palabras reflejan una inquietud creciente entre quienes laboran en este sector, donde la violencia ha sido una constante en los últimos años.

Asistencia Judicial y Reparación para las Víctimas

Además de la instalación de cabinas de seguridad, la propuesta contempla la creación de mecanismos de asistencia judicial para las víctimas de agresiones. Esto incluye la posibilidad de reparación en casos de daño físico o psicológico que sufran los trabajadores durante el ejercicio de sus labores. Se prevé la implementación de multas que oscilarán entre 14 y 70 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) para aquellos empleadores que incumplan con la normativa. En caso de reincidencia, estas multas se duplicarán, lo que busca incentivar a las empresas a cumplir con sus obligaciones de protección laboral.

Apoyo de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público

Luis Núñez, vocero nacional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, ha expresado su apoyo a la iniciativa. “La indicación que va a ingresar el diputado Giordano nos parece perfecta. (…) Lo que necesitamos son medidas preventivas. O sea, tener cabinas, evitar que se produzcan hechos de violencia”, destacó Núñez. Su declaración subraya la necesidad de adoptar medidas proactivas que garanticen un entorno laboral seguro para quienes se dedican al transporte público.

El Contexto de la Propuesta

La violencia en el transporte público ha sido un tema recurrente en Chile, donde los conductores enfrentan a diario situaciones de riesgo que ponen en peligro su integridad física. Esta propuesta legislativa se presenta como una respuesta a una problemática que ha afectado la calidad del servicio y la seguridad de los trabajadores. La situación se ha agravado en los últimos años, y es evidente que se requiere una acción contundente por parte del Estado para abordar esta crisis.

El Futuro de la Iniciativa

La iniciativa del diputado Giordano será discutida en particular durante las próximas semanas, en el marco del proyecto de ley del Ejecutivo. Este proceso legislativo se enmarca en un esfuerzo conjunto entre el Congreso y el Gobierno para mejorar las condiciones laborales en el transporte público en Chile. La colaboración entre ambas instituciones es fundamental para garantizar que se tomen decisiones informadas y efectivas que beneficien a los trabajadores y, por ende, a la sociedad en su conjunto.

Conclusión

La propuesta de Andrés Giordano no solo busca aumentar las sanciones por agresiones y evasiones, sino que también establece un estándar de protección laboral que se alinea con las necesidades actuales de los trabajadores del transporte público. La implementación de medidas como la instalación de cabinas de protección y la asistencia judicial son pasos importantes hacia un entorno laboral más seguro y justo. A medida que la discusión avanza en el Congreso, queda la esperanza de que se logren acuerdos que beneficien a quienes, día a día, se esfuerzan por brindar un servicio esencial a la comunidad.