Movilizaciones del Colegio de Profesores podrían convertirse en paralización indefinida

Multitudinarias marchas de profesores copan las calles de Santiago y regiones

Este jueves, las calles de Santiago y diversas regiones de Chile se vieron abarrotadas por una masiva movilización de profesores, que se unieron en un paro nacional de advertencia convocado por el Colegio de Profesores. La protesta tuvo como eje central la exigencia de seis demandas fundamentales que buscan mejorar las condiciones laborales y educativas en el país.

Según informes del propio Colegio de Profesores, alrededor de 40 mil docentes marcharon por la Alameda, una de las arterias principales de la capital. Este movimiento no solo fue significativo en Santiago, sino que también resonó en las regiones, elevando la presión sobre el gobierno y el Ministerio de Educación. Las demandas incluyen la creación de una ley de titularidad, mejoras en la carrera docente, el fortalecimiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), medidas contra la violencia escolar, un refuerzo del rol del profesor jefe y ajustes al calendario escolar.

Un ultimátum al gobierno

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, expresó la urgencia de la situación durante su discurso. “En Santiago, fuimos 40 mil docentes que marchamos por la Alameda, copando cuadras y cuadras de la principal arteria capitalina”, afirmó. Ante la inminente reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, Aguilar lanzó un claro ultimátum: “No queremos más mesas que no llegan a nada; exigimos soluciones concretas en los seis puntos planteados. Si no las hay, la próxima fase será una paralización indefinida“.

Este paro no es un hecho aislado; el último movimiento prolongado de los docentes en 2019 resultó en 58 días sin clases en algunas instituciones educativas. Los profesores argumentan que la situación actual es aún más crítica, haciendo hincapié en la deuda histórica que el Estado tiene con la profesión, especialmente tras los estragos que dejó la pandemia. Durante la marcha, se escucharon voces de protesta que clamaban por un cambio: “No somos mártires, somos trabajadores. Basta de violencia en las salas y burocracia que nos ahoga”, exclamó una profesora de Puente Alto, mientras sostenía un cartel que decía: “Sin docentes, no hay futuro”.

La otra cara: “Ilegalidad y estudiantes vulnerados”

Sin embargo, no todos comparten la visión de los docentes. La Fundación Escuelas Abiertas emitió un contundente comunicado rechazando la movilización. “Rechazamos tajantemente esta vía de hecho. Los paros en servicios públicos son ilegales, y este acto vulnera el derecho a educación de miles de niños”, afirma la directora de la fundación, María Teresa Romero.

Romero subrayó que las recuperaciones de clases no se fiscalizan adecuadamente, lo que afecta especialmente a los estudiantes más vulnerables. “El Ministerio debe actuar con decisión”, añadió. La fundación también criticó la repetición de paros anuales sin sanciones, argumentando que, aunque es vital proteger los derechos laborales de los profesores, no se debe hacer a expensas de los niños y niñas que son el futuro del país.

Un futuro incierto

La situación actual plantea un escenario tenso y decisivo para el viernes, cuando el ministro Cataldo deberá ofrecer respuestas concretas a las demandas de los docentes. La presión del gremio es palpable, y han dejado claro que si no obtienen soluciones, intensificarán sus acciones, lo que podría desembocar en una nueva paralización que afectaría a miles de estudiantes en todo Chile.

El contexto de esta movilización no solo refleja la lucha de los profesores por mejores condiciones laborales, sino también la necesidad de un sistema educativo que responda a las demandas y necesidades de una sociedad en constante cambio. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación, y el bienestar de los docentes es crucial para garantizar un futuro prometedor para las nuevas generaciones.

El desenlace de esta situación dependerá de la respuesta del gobierno y de la voluntad de ambas partes para encontrar un terreno común que priorice el bienestar de los estudiantes y la dignidad de los educadores. En un país donde el futuro de la educación está en juego, el diálogo y la negociación se vuelven imperativos para evitar que la crisis educativa se profundice aún más.