El pasado viernes, la organización política Voluntad Popular (VP) anunció con profundo pesar el fallecimiento de Wilmer García, un joven diagnosticado con espectro autista y portador de una enfermedad renal crónica. Su muerte, que se produce tras su detención tras las elecciones del 28 de julio de 2024, ha atraído la atención de los medios y generado una amplia reacción en la sociedad venezolana. El partido ha denunciado que García no solo fue arrestado por razones injustas, sino que también sufrió complicaciones graves debido a la falta de atención médica adecuada durante su encarcelamiento.
En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), VP subrayó que el joven fue víctima de un sistema que a menudo silencia a quienes se atreven a alzar la voz en contra de las injusticias. La organización también cuestiona la legitimidad de su arresto, lo que denota un clima de represión y violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Según Voluntad Popular, Wilmer García fue detenido tras protestas relacionadas con la victoria de Edmundo González en las recientes elecciones. Estas manifestaciones, que reflejan el descontento de un sector significativo de la población venezolana, fueron reprimidas por las autoridades, resultando en una serie de arrestos arbitrarios. La situación de García se convierte en un símbolo del maltrato que enfrentan muchas personas en circunstancias similares, quienes a menudo son encarceladas sin justificación legal, un acto que además involucra la violación de los derechos de aquellas personas con discapacidades.
Durante el tiempo de su encarcelamiento, García experimentó un deterioro notable en su salud, según las declaraciones de VP. La falta de atención médica no solo agravó su enfermedad renal crónica, sino que también tuvo un impacto devastador en su salud mental y emocional, un aspecto crucial para alguien con autismo. El hecho de ser privado de libertad en condiciones tan adversas y sin las adecuadas medidas de sanidad y cuidado pone de manifiesto la grave crisis en el sistema penitenciario venezolano.
El partido relata que, aunque García fue excarcelado en noviembre de 2024, las secuelas de su encarcelamiento lo acompañaron hasta el día de su muerte, lo que subraya la importancia de exigir una atención médica oportuna y humana a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables.
La muerte de Wilmer García ha provocado un clamor de justicia, no solo desde Voluntad Popular, sino también desde diversas organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca la situación en Venezuela. VP ha exigido rendición de cuentas por parte del gobierno, insistiendo en que “nunca debió estar preso”. Este tipo de declaraciones resuena en un país donde muchos enfrentan la opresión y el abuso sistemático de poder.
Las afirmaciones de VP sobre el “trato inhumano, negligente y cruel” del gobierno hacia quienes se expresan en contra del régimen han sido respaldadas por diversas ONG que documentan constantemente las violaciones de derechos humanos. Estas organizaciones han señalado a menudo que la represión política no solo afecta a políticos y líderes sociales, sino también a individuos comunes que son percibidos como una amenaza al orden establecido.
El caso de Wilmer García pone en relieve las deficiencias del sistema de justicia y las condiciones a menudo inhumanas en las que se encuentran los prisioneros en Venezuela. La comunidad internacional ha mantenido una postura crítica respecto a la situación política y social del país, y la muerte de un joven con discapacidades físicas y mentales solo intensifica las voces que abogan por un cambio.
En un país donde la crisis humanitaria se mezcla con la represión política, cada caso como el de García es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de un cambio estructural en la manera en que se manejan los derechos humanos y el trato a los ciudadanos por parte del estado.
La muerte de Wilmer García debe ser un recordatorio. Más allá del dolor de la pérdida, la comunidad tiene la responsabilidad de mantener vivo el debate sobre los derechos humanos y exigir la rendición de cuentas a quienes deben protegerlos. Una sociedad que olvida a sus vulnerables es una sociedad que se condena a repetir su historia de injusticias.
VP, junto a otras organizaciones, debe continuar su labor de advocacy y comunicación, llevando a cabo las acciones necesarias para visibilizar no solo la situación de García, sino de muchos otros que se encuentran atrapados en un sistema que parece estar diseñado para su fracaso en lugar de su bienestar.
La lucha por la justicia y el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones, continúa. La historia de Wilmer García no debe ser solo un capítulo en la narrativa de dolor, sino un llamado a la acción colectiva y a la construcción de un futuro más justo e inclusivo para todos los venezolanos.
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