El Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta ha tomado una decisión contundente al inhabilitar por cinco años al exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez Ramírez, para ejercer cargos públicos. Esta resolución unánime se produce tras la aceptación de un requerimiento que lo acusa de notable abandono de deberes y graves contravenciones a la probidad administrativa. De esta manera, Velásquez no podrá ocupar ningún cargo público, ya sea electo o designado, hasta el año 2029.
El requerimiento que llevó a la inhabilitación de Velásquez fue presentado en marzo de 2024 por varios concejales, entre ellos Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Ignacio Pozo, Norma Leiva y Karina Guzmán. Estos concejales denunciaron diversas irregularidades en la gestión del exjefe comunal, lo que motivó a la instancia electoral a investigar a fondo.
La sentencia del TER detalla que se acreditaron un total de 15 cargos en contra de Velásquez. Entre las irregularidades más destacadas se encuentran:
El TER aplicó la máxima sanción contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, basándose en un conjunto de evidencias que incluían informes de la Contraloría General de la República, fallos de la Corte Suprema, documentos internos del municipio y testimonios de funcionarios públicos. Esta exhaustiva revisión de evidencias resalta la seriedad de las irregularidades encontradas y la necesidad de mantener estándares éticos en la administración pública.
La resolución del TER ya fue notificada a las partes involucradas, quienes tienen la opción de apelar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Este tribunal tiene la facultad de ratificar o modificar el dictamen del TER, lo que podría influir en el futuro político de Velásquez. La posibilidad de apelación sugiere que la controversia en torno a este caso no ha concluido, y podría abrir un nuevo capítulo en la lucha por la transparencia y la ética en la política chilena.
La inhabilitación de Jonathan Velásquez Ramírez tiene implicaciones significativas para la política de Antofagasta. En un contexto donde la desconfianza hacia los políticos y las instituciones públicas se ha incrementado, decisiones como esta buscan enviar un mensaje claro: la falta de probidad y la corrupción no serán toleradas. La sanción no solo afecta a Velásquez, sino que también podría influir en la percepción que los ciudadanos tienen de sus representantes y en la forma en que se administran los recursos públicos.
El caso de Jonathan Velásquez Ramírez es un recordatorio de la importancia de la ética en la administración pública y la necesidad de que los funcionarios sean responsables ante la ciudadanía. A medida que el TER y el Tricel continúen su labor, la sociedad civil estará atenta a cómo se desarrollan estos procesos y a las decisiones que se tomen en el futuro. La inhabilitación de Velásquez es un paso hacia la rendición de cuentas y la restauración de la confianza pública, aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia en Chile.
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