En el contexto actual de alta rotación laboral y precariedad, el diputado Diego Ibáñez, representante del Frente Amplio, ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley que busca eliminar el límite de 11 años en la indemnización por años de servicio. Este proyecto aspira a restablecer el principio de “año trabajado, año pagado”, un concepto que, según Ibáñez, debería ser la norma en el ámbito laboral.
El diputado Ibáñez, quien también preside la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, ha indicado que ya ha puesto el proyecto en la agenda para su discusión y votación durante el próximo mes. “Hace unas semanas presenté un proyecto de ley para eliminar el tope de 11 años a la indemnización por años de servicio, al igual que más de cuatro proyectos anteriores que desde 2012 están durmiendo en el Congreso”, destacó.
La propuesta de Ibáñez no es un hecho aislado. Desde hace más de una década, varios intentos han sido realizados para modificar la legislación vigente, que limita la indemnización a un máximo de 11 años, una restricción que muchos consideran injusta y desactualizada.
El origen de este límite se remonta a las modificaciones realizadas durante la dictadura militar en Chile. El Código del Trabajo de 1931 consagraba el principio de proporcionalidad, donde un año de servicio debía ser compensado con un año de indemnización. Sin embargo, esta norma fue restringida a un máximo de cinco años durante el régimen autoritario y luego extendida a once años.
“No hay una razón técnica o jurídica de peso para mantener ese tope. Lo justo es que se pague lo que se ha trabajado”, enfatizó el legislador, subrayando la necesidad de una revisión profunda de las políticas laborales que afectan a los trabajadores en el país.
Ibáñez argumenta que la indemnización por años de servicio debería ser una herramienta real de protección frente al despido, especialmente en un mercado laboral donde la inestabilidad y la precariedad son la norma. “Esperamos que se abra este debate y se genere un consenso para que esto avance. La indemnización por años de servicio debe ser una herramienta efectiva de protección, no una excepción con límites arbitrarios”, concluyó.
La propuesta de Ibáñez llega en un momento crítico. La rotación laboral en el país ha alcanzado cifras alarmantes, y muchos trabajadores se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Sin un respaldo sólido, el despido puede significar no solo la pérdida de un ingreso, sino la incapacidad de mantener a flote a una familia. La eliminación del tope de indemnización podría brindar un respiro a estos trabajadores y sus familias, asegurando que reciban una compensación justa por su tiempo y esfuerzo.
La discusión sobre la modificación de la ley de indemnización no es solo una cuestión de justicia social, sino también un reflejo de la necesidad de adaptar la legislación a las realidades del mercado laboral contemporáneo. Durante años, las iniciativas para cambiar esta normativa han sido ignoradas o desestimadas, lo que ha generado un sentimiento de frustración entre los trabajadores y sus representantes.
El desafío que enfrenta Ibáñez es significativo. La oposición y los sectores que se benefician del statu quo podrían ver esta iniciativa como una amenaza a sus intereses. Sin embargo, el apoyo de organizaciones sindicales y de derechos laborales podría ser crucial para impulsar este proyecto y lograr su aprobación.
Además de la discusión legislativa, es fundamental generar una conciencia social sobre la importancia de la indemnización como un derecho de los trabajadores. La opinión pública puede jugar un papel determinante en la presión hacia los legisladores para que actúen en favor de una legislación más justa y equitativa.
En este sentido, iniciativas como la de Diego Ibáñez son cruciales para abrir espacios de diálogo y reflexión sobre el futuro del trabajo en el país. La eliminación del tope de indemnización no solo beneficiaría a los trabajadores en términos económicos, sino que también podría sentar un precedente para futuras reformas laborales que busquen dignificar el trabajo y garantizar derechos fundamentales.
El proyecto de ley presentado por Diego Ibáñez representa una oportunidad para reexaminar y reformar la legislación laboral en Chile. Al eliminar el límite de 11 años en la indemnización por años de servicio, se podría restablecer la justicia en el trato a los trabajadores, garantizando que cada año de esfuerzo y dedicación sea debidamente reconocido y compensado. La discusión que se avecina en el Congreso será crucial para el futuro del trabajo en el país y para la defensa de los derechos laborales.
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