Patricia Sepúlveda Cornejo, una profesora chilena, ha tenido que esperar siete largos años para que la justicia se pronuncie sobre el caso de la brutal golpiza que sufrió el 3 de julio de 2018. Este incidente, que tuvo lugar a la salida del Liceo Poeta Vicente Huidobro en Cartagena, ha dejado a Patricia con secuelas físicas y emocionales que marcarán su vida para siempre. Esta semana, el tribunal dictó la última sentencia: una multa menor para sus agresores, lo que para la docente representa un “precedente negativo” y una clara muestra de que el sistema judicial chileno no protege a los educadores.
El violento ataque que sufrió Patricia fue perpetrado por dos apoderados y un alumno, quienes la abordaron de manera sorpresiva y la golpearon, dejándola tendida en el suelo con lesiones de carácter menos grave. Este tipo de agresiones no solo afectan la integridad física de los docentes, sino que también generan un profundo impacto emocional, creando un ambiente de miedo y desconfianza en el ejercicio de su profesión. La violencia en contextos escolares ha aumentado en Chile, y casos como el de Patricia resaltan la urgencia de abordar esta problemática desde diferentes frentes, incluyendo el jurídico.
Después de años de espera y un proceso judicial que se extendió más de lo esperado, el tribunal decidió que los dos adultos agresores pagarían multas de tres UTM, lo que equivale a aproximadamente $206 mil pesos chilenos cada uno, mientras que el exalumno condenado deberá cumplir con 80 horas de servicio comunitario. Esta resolución ha sido recibida con descontento por parte de Patricia, quien expresó su decepción al considerar que “no hubo justicia”. Para ella, el Código Penal chileno es inadecuado y no refleja la gravedad de los actos de violencia que enfrentan los educadores en el país.
El caso de Patricia es solo uno entre muchos, ya que la violencia contra docentes en Chile ha ido en aumento en los últimos años. Muchos de estos casos culminan con penas bajas o, en algunos casos, sin cárcel para los agresores. Esto ha llevado a que la comunidad educativa se sienta cada vez más vulnerable y desprotegida. Patricia advirtió que sentencias como la suya envían un mensaje equivocado a la sociedad: “Cualquiera puede golpear a un profesor y salir caminando con una boleta en la mano”, enfatizó, reflejando la frustración y el miedo que sienten muchos educadores.
El gremio docente ha expresado su creciente preocupación por la falta de respaldo judicial y la violencia en los contextos escolares. Las autoridades educativas y judiciales deben actuar con urgencia para garantizar la seguridad de los docentes y establecer medidas efectivas que prevengan la violencia en las escuelas. Es fundamental que se implementen políticas que protejan a los educadores, así como campañas de sensibilización que aborden el respeto y la convivencia en el entorno escolar.
El caso de Patricia Sepúlveda Cornejo no es solo una historia personal de lucha y sufrimiento, sino que también es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la importancia de la educación y el respeto hacia quienes la imparten. La violencia no debe ser tolerada en ningún contexto, y menos aún en el educativo, que debería ser un espacio seguro para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.
Es vital que la sociedad chilena reflexione sobre el tratamiento que reciben los docentes y cómo la justicia puede y debe cambiar para proteger a quienes dedican su vida a la enseñanza. La historia de Patricia es un recordatorio de que la lucha por la justicia no termina con una sentencia; es un proceso continuo que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
La resolución del caso de Patricia Sepúlveda Cornejo pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial chileno, especialmente en lo que respecta a la protección de los docentes. La violencia en las escuelas no solo afecta a los educadores, sino que también repercute en la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes. Es hora de que Chile tome medidas concretas para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos en el ámbito educativo.
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