El gobernador Claudio Orrego salió al paso de las críticas recibidas por el uso de fondos públicos destinados a asesorías de coaching, las cuales han sido cuestionadas por la Contraloría. En un contexto electoral tenso, Orrego acusó al Partido Republicano de aprovechar la situación para buscar su destitución, calificando su accionar como un “aprovechamiento político bastante burdo”. La controversia se intensifica en medio del caso ProCultura, lo que ha llevado al gobernador a reafirmar su inocencia y a comprometerse a presentar todos los antecedentes ante la Fiscalía el próximo 19 de junio.
En una entrevista con El Diario de Cooperativa, Orrego explicó que el informe de la Contraloría, que abarca 156 páginas, contiene observaciones que su administración responderá dentro de los plazos legales establecidos. Uno de los puntos más controversiales es el pago de 31 millones de pesos por las asesorías de coaching realizadas durante el año 2024.
El gobernador anunció que presentará un escrito de reconsideración, argumentando que existe una “diferencia jurídica” con la Contraloría. Según Orrego, las asesorías fueron proporcionadas por Vera y Asociados desde el año 2021, bajo la dirección del coach Juan Vera Gil, y solo se cuestionó el gasto correspondiente al año 2024.
“Gestionar bien una institución requiere herramientas. Me parece raro que al Estado se le prive del coaching”, argumentó Orrego, defendiendo la necesidad de contar con este tipo de asesoría para mejorar la gestión pública. En este sentido, el gobernador se muestra firme en su convicción de que estas asesorías son fundamentales para el desarrollo institucional.
El 19 de junio, Orrego será citado por el Ministerio Público. “Iré con toda la buena voluntad”, afirmó, asegurando que presentará documentos que respaldan el uso institucional de los recursos. Este compromiso ante la Fiscalía busca disipar las dudas e inquietudes generadas por las acusaciones.
El gobernador también fue autocrítico en relación con el momento en que se contrataron estas asesorías, reconociendo que “quizás, mirado a distancia, uno debería haber suspendido algo para evitar suspicacias”. Esta reflexión sugiere que Orrego está consciente de la importancia de la percepción pública en su gestión y cómo determinadas decisiones pueden ser interpretadas en un contexto electoral.
La atención no solo se centra en el uso de fondos para coaching, sino también en el caso de la fundación ProCultura, liderada por Alberto Larraín, que recibió más de $1.600 millones para el programa de prevención del suicidio “Quédate”. Orrego enfatizó que no hubo trato especial en la aprobación de este programa, el cual fue respaldado por el Consejo Regional por unanimidad. Además, su administración solicitó una garantía del 100% de los recursos, una medida que considera inédita en el ámbito público.
Respecto a la cercanía de algunos mensajes con Larraín, en los que se le refiere como “hermano, gracias por cuidarme”, Orrego aclaró que esta relación se remonta a años atrás, cuando Larraín trabajaba en el área de salud mental en Peñalolén, pero negó cualquier tipo de privilegio indebido en la gestión de recursos públicos.
“Este no fue un tongo. El programa atendió a más de 11 mil personas con ideas suicidas y capacitó a miles. Eso vale más que una captura de pantalla”, concluyó Orrego, defendiendo la relevancia y el impacto positivo del programa de prevención del suicidio.
El gobernador cerró sus declaraciones con un mensaje directo a sus críticos: “Si quieren mi cargo, compitan y ganen. Pero no lo hagan por secretaría. Lo que piden es una pena de muerte política sin juicio, sin esperar ningún antecedente”. Esta afirmación pone de relieve la tensión existente en el ámbito político y la forma en que las acusaciones pueden afectar la carrera de un funcionario público, especialmente en un periodo electoral.
En resumen, Claudio Orrego ha enfrentado una serie de cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos para asesorías de coaching y la gestión de recursos en el caso ProCultura. A medida que se acercan las elecciones, estas controversias se convierten en un punto focal para su administración y su futuro político.
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