La Contraloría General de la República, el ente fiscalizador del Estado chileno, ha hecho saltar las alarmas tras descubrir una grave vulneración del principio de probidad administrativa por parte de Juan Patricio Godoy, concejal de Puerto Varas. El incidente, que tuvo lugar en mayo de 2023, ha puesto en tela de juicio la ética de los servidores públicos y ha causado revuelo en la comunidad local, así como en los medios de comunicación.
Según el informe emitido por la Contraloría, Godoy justificó su inasistencia a una sesión del concejo municipal con un certificado médico que indicaba que padecía “faringobronquitis”. Sin embargo, la investigación reveló que, en lugar de reposar en su hogar, el concejal participó como “artista musical” en un festival celebrado ese mismo día. Esta contradicción llamó la atención y desencadenó una revisión por parte del organismo de control y del departamento jurídico municipal.
El análisis realizado por la Contraloría concluyó que el certificado médico fue utilizado con el único propósito de justificar su ausencia y así percibir la totalidad de su dieta mensual. De hecho, los registros de pago confirmaron que Godoy recibió $1.020.911 por el mes completo, sin descuentos, a pesar de no haber asistido a la sesión correspondiente.
Este no es un hecho aislado. El informe menciona otro episodio que también infringe el deber de probidad, lo que plantea serias dudas sobre la conducta ética del concejal. La acumulación de estas situaciones pone de manifiesto un patrón preocupante que podría afectar la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
Es importante señalar que la Contraloría no tiene la facultad de sancionar directamente al concejal, dado que no es considerado un funcionario municipal y, por lo tanto, no está sujeto a responsabilidad administrativa. Esta limitación ha generado críticas sobre la efectividad del sistema de fiscalización y la rendición de cuentas en el ámbito municipal.
A pesar de la imposibilidad de sancionar al concejal, la Contraloría ha instruido al alcalde de Puerto Varas a recordar a todos los concejales su deber legal de cumplir con los principios de probidad administrativa en la próxima sesión del concejo. Esta medida busca dejar en claro que el estándar ético no es opcional, enviando un mensaje contundente sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
La comunidad de Puerto Varas ha reaccionado con indignación ante este escándalo. Muchos ciudadanos han manifestado su preocupación por el uso indebido de los recursos públicos y la falta de consecuencias para quienes violan los principios éticos básicos. La confianza en los funcionarios públicos es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, y situaciones como esta erosionan esa confianza.
Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el ámbito municipal. La probidad administrativa no solo es un deber legal, sino un principio esencial para el ejercicio de la política. Los ciudadanos tienen el derecho de exigir a sus representantes un comportamiento ético y transparente. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es creciente, es crucial que se tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar la corrupción y el abuso de poder.
A medida que la Contraloría y otros organismos se pronuncian sobre este tipo de situaciones, se abre un debate sobre cómo mejorar la ética en el servicio público y garantizar que todos los actores políticos actúen con la integridad que sus cargos demandan. La historia de Juan Patricio Godoy podría ser un caso emblemático que impulse reformas necesarias para la buena gobernanza en Chile.
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