El 16° Juzgado Civil de Santiago ha emitido un fallo que ha resonado profundamente en la comunidad educativa y en toda la sociedad chilena. En este caso, se ha determinado que el colegio Nido de Águilas tuvo responsabilidad en el suicidio de Katherine “Katy” Winter, una joven de 16 años que se quitó la vida el 22 de mayo de 2018, tras sufrir episodios reiterados de bullying escolar.
A pesar de que el tribunal ha reconocido la responsabilidad del colegio, la situación legal es compleja. La demanda por indemnización presentada por la madre de Katy fue rechazada por haber prescrito, ya que habían transcurrido más de cinco años desde los hechos. Esto plantea un dilema sobre la capacidad de las víctimas y sus familias para buscar justicia y reparación ante situaciones tan trágicas.
La acción judicial fue presentada en 2023, fuera del plazo legal para reclamar una responsabilidad civil extracontractual, argumento que el colegio utilizó para solicitar el cierre del caso. Sin embargo, el tribunal no solo acogió esta solicitud, sino que también estableció que la institución había fallado en su deber de cuidado hacia Katy.
Según el medio La Tercera, el tribunal determinó que el colegio incumplió su obligación de resguardo en al menos dos dimensiones clave: permitir la salida no autorizada de Katy el día de su muerte y no actuar adecuadamente frente a las denuncias de acoso escolar.
La resolución del tribunal fue contundente: “No es dable que un establecimiento educacional permita la salida, sin autorización, de alumnos una vez que ingresan al centro educacional, toda vez que desde ese momento se encuentran bajo su cuidado”. Este hecho pone de relieve la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en la protección de sus estudiantes.
El segundo punto crítico del fallo se centra en el hecho de que el colegio no aplicó un protocolo efectivo contra el bullying, ni adaptó su respuesta a la gravedad de la situación psicológica que vivía la joven. “Se logra establecer que el demandado […] no habría aplicado un protocolo acorde a la situación vivida”, señala la resolución. Además, se enfatiza que la institución tenía la obligación legal de contar con medidas concretas, ejecutables y evaluables frente a casos de acoso escolar.
Este aspecto es fundamental, pues revela una falla sistémica en la gestión del bullying dentro de las escuelas. La falta de un protocolo eficaz no solo pone en riesgo la salud mental y emocional de los estudiantes, sino que también expone a las instituciones a consecuencias legales y éticas por su inacción.
La Superintendencia de Educación ya había observado este caso previamente, formulando cargos contra el colegio por no garantizar un debido proceso ni un entorno seguro para sus estudiantes. Este seguimiento por parte de las autoridades educativas subraya la necesidad de que los colegios implementen políticas claras y efectivas para abordar el bullying.
La familia de Katy también ha señalado que el día de su suicidio, la joven fue dejada en el estacionamiento del colegio, desde donde se retiró sin que nadie impidiera su salida. Ellos argumentan que “si no se le hubiera permitido salir, ella no habría atentado contra su vida”. Aunque esta denuncia fue rechazada por el tribunal, se considera un antecedente relevante en el contexto del caso.
Este fallo ha reabierto el debate sobre el rol que deben cumplir los colegios frente al bullying y hasta qué punto pueden ser responsabilizados, no solo legalmente, sino también éticamente por las consecuencias del acoso escolar. La protección de los estudiantes debe ser una prioridad en las instituciones educativas, y es crucial que se establezcan mecanismos claros para prevenir y abordar el bullying de manera efectiva.
Aunque no habrá indemnización para la familia de Katy, el tribunal dejó en claro que el colegio falló en sus responsabilidades fundamentales. Este reconocimiento es un paso importante, pero también plantea interrogantes sobre cómo se puede mejorar el sistema educativo para evitar que tragedias como la de Katy se repitan en el futuro.
El caso de Katherine Winter es un recordatorio doloroso de las consecuencias del bullying y de la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en la protección de sus estudiantes. Es imperativo que se tomen medidas claras y efectivas para garantizar que todos los niños y adolescentes se sientan seguros y apoyados en su entorno escolar. La justicia, aunque no haya resultado en indemnización, ha hablado claramente: los colegios deben asumir su responsabilidad en la prevención del acoso escolar y en el cuidado de sus estudiantes.
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