Una nueva causa penal ha sido abierta contra la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, a raíz de presuntas gestiones indebidas que realizó en relación con multas de tránsito. La Fiscalía Regional de Coquimbo ha remitido antecedentes a la Fiscalía de Valparaíso, lo que ha desatado un nuevo capítulo en la controversia en torno a la parlamentaria.
Esta situación se origina en los hallazgos del caso conocido como “Chinamart”, donde Cariola está siendo investigada por tráfico de influencias. Según las indagaciones, se ha detectado que la diputada solicitó favores personales a varios jefes comunales para interceder en la rebaja o anulación de infracciones de tránsito.
Las evidencias recabadas incluyen conversaciones extraídas de su teléfono móvil incautado, que sugieren un patrón de comportamiento que podría comprometer su integridad política. Las implicaciones de este caso podrían ser severas no solo para Cariola, sino también para la percepción pública del Partido Comunista.
De acuerdo con reportes de La Tercera, el expediente revela que la parlamentaria intentó contactar al entonces alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (FA), con el fin de gestionar sus multas de tránsito relacionadas con la falta de un dispositivo TAG. Sin embargo, esta gestión no tuvo éxito.
Un caso más significativo ocurrió el 27 de septiembre de 2022, cuando Cariola se encontraba en el Juzgado de Policía Local de Casablanca enfrentando la suspensión de su licencia de conducir por 45 días. Al no poder hablar con el juez a través de la funcionaria del juzgado, la diputada decidió escribir directamente al exalcalde de Casablanca, Francisco Riquelme (FA), pidiéndole que intercediera en su favor.
En su mensaje, Cariola expresó: “Estoy en el Juzgado de policía local de Casablanca. Xq me suspendieron la licencia por 45 días (…), pero la persona que está en la ventanilla no me quiere permitir hablar con el juez.” Riquelme, tras recibir el mensaje, le indicó que ya había gestionado el contacto con la secretaria del tribunal, Patricia Cuadros, y le dio instrucciones sobre cómo ubicarla. Posteriormente, Cariola agradeció a Riquelme por su intervención, lo que sugiere un vínculo directo entre la parlamentaria y los funcionarios municipales.
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha considerado este contacto como un hallazgo relevante dentro del patrón de comportamiento que se está investigando. A raíz de la información recopilada, se ha ordenado separar los datos del caso Chinamart y tomar declaraciones a Riquelme y a la funcionaria Cuadros, además de recopilar el expediente del juzgado local.
En un oficio enviado a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, Cooper subrayó que la conversación proporciona información crucial sobre el modus operandi investigado, que implica la solicitud de favores a autoridades, en este caso, municipales, en beneficio propio o de terceros.
El fiscal también advirtió que, aunque este nuevo antecedente no guarda relación directa con el caso principal, sugiere una práctica sistemática de influencias indebidas, lo que podría constituir un delito distinto a los ya indagados en la región de Coquimbo.
Las reacciones ante este escándalo no han tardado en llegar. La opinión pública y los medios de comunicación están atentos a cómo se desarrollará esta situación, especialmente considerando que Karol Cariola ha sido una figura prominente en el ámbito político chileno. Su defensa y la respuesta de su partido serán cruciales en los próximos días.
Por su parte, el Delegado Durán ha declinado por el momento realizar declaraciones, lo que podría generar aún más especulaciones sobre la naturaleza de sus interacciones con Cariola. Además, se ha intentado contactar al exalcalde Riquelme para obtener su versión de los hechos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
El caso de Karol Cariola es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en su interacción con el sistema judicial y administrativo. La línea entre la gestión política y el tráfico de influencias puede volverse difusa, y este escándalo podría tener repercusiones significativas en la política chilena.
A medida que avanza la investigación, la atención estará centrada no solo en las acciones de Cariola, sino también en cómo el sistema judicial manejará este tipo de casos en el futuro. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza pública en las instituciones.
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