Este martes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, llegó hasta la comuna de Quillota para liderar un encuentro con cuidadoras, autoridades y representantes sociales. El objetivo fue revisar los avances del programa Chile Cuida y dialogar sobre los desafíos que persisten para consolidar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados.
Durante la actividad, la secretaria de Estado recalcó la importancia de reconocer los cuidados como un derecho y avanzar hacia una redistribución equitativa de estas responsabilidades. “Como Gobierno hemos puesto a los cuidados en el centro de nuestra agenda. Podemos decir con orgullo que hemos logrado avances trascendentales, no solo en la implementación de Chile Cuida, sino también en el avance legislativo para establecer el Sistema Nacional de Cuidados. Más de 150 mil mujeres cuidadoras ya están registradas en el Registro Social de Hogares”, afirmó Orellana.
El encuentro también contó con la participación del delegado presidencial regional (s) de Valparaíso, Fidel Cueto, quien señaló que “la consolidación de este sistema es clave para dar visibilidad al trabajo de miles de personas que han estado invisibilizadas”. Esta afirmación subraya la necesidad de reconocer el papel fundamental que juegan las cuidadoras en la sociedad, muchas de las cuales han realizado su labor sin el respaldo necesario, lo que ha llevado a una falta de reconocimiento y apoyo institucional.
El diputado Diego Ibáñez también abordó los desafíos legislativos pendientes en la reunión. “Queremos que el cuidado sea un derecho, una política que acompañe y proteja a quienes cuidan y a quienes requieren cuidados. Hoy el Senado tiene la oportunidad de aprobar este sistema por miles de familias que lo necesitan”, sostuvo. Esta declaración resalta la urgencia de contar con un marco legal que apoye tanto a las cuidadoras como a los beneficiarios de sus servicios.
Representantes de organizaciones de cuidadoras compartieron sus testimonios, enfatizando el poder de la acción colectiva para visibilizar este trabajo históricamente relegado. La organización comunitaria se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha por los derechos de las cuidadoras, quienes, a través de su unión, han logrado hacer eco de sus necesidades y exigir cambios significativos en la política pública.
Durante el encuentro, también se presentaron los beneficios actuales del sistema Chile Cuida y su aplicación en los territorios. Este programa ha permitido que muchas cuidadoras accedan a recursos, capacitaciones y apoyo psicológico, elementos indispensables para mejorar su calidad de vida y la de las personas a las que cuidan.
La jornada concluyó con un diálogo abierto entre cuidadoras y autoridades, un espacio donde se compartieron propuestas para seguir fortaleciendo una política centrada en la justicia social y el enfoque de género. Este diálogo no solo fue un ejercicio de escucha, sino que también permitió a las cuidadoras expresar sus inquietudes y sugerencias sobre cómo mejorar el sistema de cuidados.
A pesar de los avances, aún queda un largo camino por recorrer para consolidar el Sistema Nacional de Cuidados en Chile. La ministra Orellana y otros líderes presentes coincidieron en que es fundamental seguir trabajando en políticas públicas que no solo reconozcan la labor de las cuidadoras, sino que también les proporcionen las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo de manera digna y eficaz. La implementación de leyes que aseguren derechos laborales y beneficios sociales para las cuidadoras es un paso crucial para alcanzar este objetivo.
El encuentro en Quillota es un reflejo del compromiso del Gobierno chileno por poner en el centro de su agenda la equidad de género y el reconocimiento de los cuidados como un derecho. Al visibilizar el trabajo de las cuidadoras y fortalecer el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, se está construyendo un camino hacia una sociedad más justa y equitativa. A medida que se avanza en la legislación y la implementación de políticas efectivas, es esencial mantener el diálogo y el trabajo conjunto entre el gobierno, las cuidadoras, y las organizaciones sociales para asegurar que nadie quede atrás en este proceso.
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