La Contraloría General de la República ha decidido iniciar una investigación especial al Ministerio de Salud (Minsal), a raíz de una alarmante denuncia que ha sacudido al país. Según informes recientes, más de 1,2 millones de vacunas contra la influenza quedaron inutilizadas en 2024. Este hecho ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la gestión del Minsal, especialmente en un contexto donde la prevención de enfermedades respiratorias estacionales es crucial.
La denuncia fue presentada por el diputado Daniel Lilayu (UDI), quien forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. En un oficio ingresado a mediados de mayo, el parlamentario expone que se habrían perdido un total de 1.212.297 dosis, lo que representa un 12,6% del total adquirido por el Gobierno para la campaña de vacunación de ese año.
Lilayu no escatimó en críticas hacia la gestión del Minsal, afirmando que “no es un hecho habitual ni común, como lo ha pretendido transmitir el Ministerio de Salud”. Según el diputado, esta situación refleja una falla estructural en la planificación y ejecución de una política pública esencial para la prevención de enfermedades. Al respecto, subrayó que durante esta administración se ha vuelto una costumbre el vencimiento y la pérdida de dosis de vacunas, primero con la vacuna contra el COVID-19 y ahora con la vacuna contra la influenza.
La pérdida de estas vacunas no solo representa un derroche de recursos públicos, sino que también pone en riesgo la salud de la población. En un país donde las enfermedades respiratorias son comunes durante ciertas épocas del año, la falta de vacunas puede llevar a un aumento de casos graves, hospitalizaciones y, en última instancia, muertes que podrían haberse evitado.
“En cualquier país del mundo —menos en Chile— esto habría implicado la salida inmediata de las autoridades responsables”, enfatizó Lilayu, lo que pone de manifiesto un sentido de descontento generalizado en la ciudadanía sobre la gestión gubernamental en el sector salud.
En su solicitud, el diputado ha pedido a la Contraloría que determine si hubo irregularidades o negligencias en las decisiones que llevaron a la pérdida de las vacunas. Además, solicitó que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes si se establecen responsabilidades. “El Gobierno no puede seguir bajando el perfil a un asunto que requiere ser esclarecido lo antes posible”, advirtió.
Lilayu también ha manifestado que, si se determina algún tipo de irregularidad, exigirán que se ejerzan las responsabilidades políticas. Esto podría resultar en un impacto significativo en la confianza pública hacia el Minsal y, en un sentido más amplio, hacia el Gobierno, especialmente en un contexto donde la salud pública es un tema de alta relevancia.
A medida que la investigación de la Contraloría avanza, las miradas están puestas no solo en el presente, sino también en el futuro de la vacunación en Chile. La capacidad del Minsal para gestionar adecuadamente campañas de vacunación es fundamental para garantizar la salud de la población. La pérdida de más de un millón de vacunas es un claro indicativo de que se deben realizar cambios significativos en la gestión y planificación de estas campañas.
Los ciudadanos esperan respuestas claras y contundentes, así como un compromiso renovado por parte de las autoridades para prevenir que situaciones como esta se repitan en el futuro. La salud pública no debe ser un área donde se permita la ineficiencia y la negligencia, y la presión sobre el Minsal para rendir cuentas será fundamental en los próximos meses.
La investigación iniciada por la Contraloría General de la República es un paso crucial para esclarecer las circunstancias que llevaron a la pérdida de más de 1,2 millones de vacunas contra la influenza. La situación plantea serios cuestionamientos sobre la gestión del Minsal y el compromiso del Gobierno con la salud pública. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será vital que las autoridades actúen con transparencia y responsabilidad, para restaurar la confianza de la ciudadanía y garantizar la salud de todos los chilenos.
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