Desde su hogar, recuperándose de una operación de vesícula, el exsubsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, ha decidido emprender una batalla judicial. Esta semana, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Gobierno y la contralora Dorothy Pérez. Monsalve argumenta que el sumario en su contra es ilegal y que fue iniciado cuando ya había renunciado a su cargo, lo que ha desatado una serie de reacciones tanto en el ámbito político como en el judicial.
Según reportes de La Tercera, el documento presentado por la defensa de Monsalve sostiene que el proceso administrativo carece de una motivación adecuada. La tramitación del sumario se realizó en un momento en que el exsubsecretario ya no tenía vínculo formal con el Ministerio del Interior, lo que podría invalidar el proceso. Monsalve señala que el acto administrativo que dio origen al sumario fue tramitado el mismo día en que presentó su renuncia, lo que añade un matiz de urgencia y cuestionamiento a la legalidad del procedimiento.
Un aspecto crucial que destaca Monsalve en su recurso es la fecha del documento, que supuestamente está antedatada al 16 de octubre de 2024. Según él, esto convierte al procedimiento en una comisión especial sin competencia real, lo que podría tener repercusiones significativas sobre la validez de las acusaciones en su contra. Este tipo de irregularidades en la tramitación de sumarios administrativos son un tema delicado, que puede afectar la confianza pública en las instituciones.
El sumario fue solicitado por el Ministerio del Interior, en ese momento dirigido por Carolina Tohá, actual candidata presidencial del Socialismo Democrático. La solicitud fue consecuencia de una denuncia por violación interpuesta por una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. Ante estas acusaciones, se decidió que la Contraloría General de la República asumiera el caso, un movimiento que busca garantizar la imparcialidad en el proceso. Sin embargo, Monsalve argumenta que esto no justifica el inicio del sumario, ya que la Contraloría no tiene subordinación jerárquica con el ministerio.
El recurso presentado por Monsalve enfatiza que el inicio del sumario no debería considerarse como una continuación de un proceso previo, como se afirma en la Resolución Exenta, sino como un acto administrativo completamente nuevo. Esta distinción es crucial, ya que podría dar lugar a la anulación del procedimiento en su totalidad si se determina que el sumario no siguió los protocolos establecidos.
Monsalve, quien permanece bajo arresto domiciliario total, enfrenta siete cargos en su contra, todos relacionados con responsabilidades administrativas en el contexto de la denuncia por violencia sexual. La intención de su recurso es que los tribunales superiores declaren ilegal el trabajo de la Contraloría y, en consecuencia, anulen los cargos formulados. Esto no solo afectaría su situación personal, sino que también podría tener repercusiones en el ámbito político, dado que se trata de un exfuncionario de alto rango.
El caso de Manuel Monsalve se ha convertido en un asunto de alta relevancia política y judicial, generando un debate amplio sobre la legitimidad de las acciones tomadas por el Gobierno y la Contraloría. Las aristas de esta situación son complejas, y la resolución del recurso de protección podría sentar un precedente importante en la gestión de denuncias administrativas y los procesos que las acompañan.
El futuro de Manuel Monsalve y el desenlace de este caso es incierto, pero lo que es claro es que ha puesto de manifiesto las tensiones entre la administración pública y las demandas de justicia. La decisión de la Corte de Apelaciones no solo se espera que impacte la vida de Monsalve, sino que también podría influir en la percepción pública sobre la imparcialidad y efectividad de las instituciones gubernamentales en Chile. La comunidad política y la ciudadanía estarán atentas a los próximos pasos en este escandaloso episodio, que continúa abierto y lleno de incertidumbres.
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