En un reciente giro de eventos que ha captado la atención del público y los medios de comunicación en Chile, el Servicio Electoral (Servel) ha objetado más de 719 millones de pesos en gastos de campaña de 14 autoridades regionales. Esta situación surge tras la detección de informes incompletos, facturas fuera de plazo y aportes no inscritos por vía oficial. Entre los casos más destacados se encuentran los del gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (PS), y el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal (independiente), cuyas cuentas fueron completamente rechazadas.
Un reportaje de El Mercurio ha puesto de manifiesto la exhaustiva revisión realizada por Servel sobre las campañas de los 16 gobernadores regionales. Este análisis reveló una serie de inconsistencias que han impedido la aprobación de múltiples gastos e ingresos. En términos generales, de los 3.248 millones de pesos declarados como ingresos y más de 3.264 millones en gastos, el organismo únicamente ha autorizado el reembolso de 2.288 millones.
Esto ha dejado fuera más de 719 millones de pesos, cuyo uso no fue justificado adecuadamente. Además, se identificaron 400 millones de pesos en gastos que no fueron acreditados y 181 millones en ingresos que no se declararon por los canales formales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Pablo Silva, actual gobernador de O’Higgins, quien durante su campaña el año pasado reportó ingresos por 101 millones de pesos y gastos por 24 millones. Sin embargo, el 9 de abril de 2025, Servel rechazó por completo su rendición, citando “omisiones graves e inconsistencias en su contabilidad electoral”.
El panorama es similar para José Miguel Carvajal, gobernador de Tarapacá, cuya rendición también fue objetada por errores de contabilidad. En ambos casos, las observaciones impiden que sus respectivas campañas accedan a reembolsos por voto, lo que podría derivar en nuevas investigaciones administrativas o judiciales.
La controversia no se limita a estos dos gobernadores. Otro foco de atención es Andrés Wallis, administrador electoral de la campaña de Claudio Orrego, actual gobernador de la Región Metropolitana. Wallis ya estaba bajo investigación por un presunto fraude al fisco, y ahora Servel ha cuestionado sus honorarios de 20,6 millones de pesos, que exceden el límite establecido de 13 millones.
“El sueldo del administrador electoral superó el monto permitido por el reglamento”, señala la resolución de Servel, que también rechazó el reembolso correspondiente.
En total, 14 autoridades regionales han visto objetadas sus rendiciones de campaña, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y privados en el financiamiento electoral. Este escándalo no solo afecta a los involucrados, sino que también socava la confianza del electorado en el sistema político.
Por el momento, Servel no ha anunciado nuevas sanciones, pero el alto número de observaciones podría anticipar posibles acciones en el ámbito penal, especialmente en aquellos casos donde se ha configurado el uso de fondos no declarados a través de los canales establecidos.
La situación actual es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento electoral en Chile. Los ciudadanos merecen un sistema en el que los recursos sean utilizados de manera adecuada y responsable, y donde la rendición de cuentas sea una norma y no una excepción.
A medida que se desenvuelven las investigaciones y se tomen decisiones sobre sanciones y reembolsos, la sociedad civil continúa observando con atención. La integridad del sistema electoral chileno está en juego, y solo el tiempo dirá si se implementarán las reformas necesarias para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
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