El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, conocido por su cercanía al correísmo y su papel en el gobierno de Rafael Correa, ha sido condenado este lunes a 13 años de prisión por malversación de fondos en el contexto de la reconstrucción de las zonas afectadas por el devastador terremoto de 2016. La sentencia, emitida por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, marca un nuevo capítulo en la saga judicial que ha rodeado a Glas desde que dejó el poder.
La condena a Glas se basa en el crimen de peculado, un delito que implica la apropiación indebida de bienes públicos. Junto a él, también fue condenado Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, quien recibió la misma pena de prisión. Ambos, además, deberán enfrentar una multa de 28.200 dólares y una indemnización que asciende a 250 millones de dólares, cantidad que representará un fuerte golpe financiero para sus ya deterioradas arcas.
El tribunal determinó que Glas y Bernal, en sus respectivos cargos, abusaron de los recursos públicos destinados a la atención de las víctimas del terremoto. Estos fondos, que debían ser utilizados para proyectos de reconstrucción urgentes, fueron desviados hacia 11 proyectos que, según la Fiscalía, no eran prioritarios y beneficiaban intereses particulares en la asignación y firma de contratos.
La Fiscalía ecuatoriana argumentó que los recursos, provenientes de la Ley de Solidaridad, destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo, fueron mal administrados. Este fondo, creado para mitigar los efectos del terremoto, se utilizó para financiar obras que, en muchos casos, resultaron ser innecesarias o incompletas. La situación se agrava si se considera que estos proyectos no solo fallaron en atender las necesidades urgentes de los afectados, sino que también se caracterizaron por la falta de transparencia en su ejecución.
Durante el juicio, los magistrados confirmaron la tesis de la Fiscalía, que sostenía que Glas y Bernal priorizaron iniciativas que no solo carecían de urgencia, sino que parecían responder a intereses oscuros. Esta situación ha generado un profundo malestar en la ciudadanía, que aún recuerda la tragedia del terremoto y las promesas de reconstrucción que quedaron en el aire.
A pesar de las contundentes evidencias presentadas en su contra, Jorge Glas ha mantenido su inocencia, argumentando que no administró “ni un solo dólar” durante el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la jueza del caso, en la lectura de la decisión, dejó claro que, aunque Glas no firmó contratos directamente, su papel como presidente del Comité fue fundamental para la priorización de obras que no atendían a la emergencia.
Esta defensa ha sido vista por muchos como un intento de diluir su responsabilidad en un caso que ha captado la atención no solo a nivel nacional, sino también internacional, dado el impacto que tuvo el terremoto y la posterior gestión de la reconstrucción.
La condena a Jorge Glas se inscribe en un contexto más amplio de crisis política en Ecuador, donde la corrupción ha sido un tema recurrente en los últimos años. Glas, quien fue una figura clave en el gobierno de Correa, ha visto cómo su imagen se ha deteriorado a medida que se han revelado más casos de corrupción en la administración correísta.
Desde su arresto y posterior condena, Glas ha solicitado asilo en la Embajada de México en Quito, una acción que se interpretó como un último intento por eludir la justicia. Sin embargo, su intento de refugiarse en la sede diplomática resultó en una invasión policial que terminó por consolidar su situación legal adversa.
La condena a Jorge Glas es un recordatorio de la fragilidad del poder y de las responsabilidades que conlleva el manejo de recursos públicos. La historia de Glas, desde su ascenso como una figura prominente del correísmo hasta su caída en desgracia, ejemplifica cómo la corrupción puede desestabilizar no solo a individuos, sino a todo un sistema político.
Los ecos de esta sentencia resonarán en la política ecuatoriana, donde la lucha contra la corrupción sigue siendo una prioridad para muchos ciudadanos. A medida que se revelan más casos de malversación y abuso de poder, la sociedad ecuatoriana se enfrenta al desafío de reconstruir la confianza en sus instituciones y en sus líderes.
El caso de Jorge Glas no solo es un capítulo en su vida, sino un espejo que refleja la necesidad de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Mientras el país avanza, la condena de Glas podría ser un paso hacia un futuro donde la justicia prevalezca sobre la corrupción.
Con información de El Cooperante
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