El secretario de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo (FUTVP), Iván Freites, ha hecho eco de una alarmante situación que involucra a trabajadores de la refinería Amuay, quienes, según su declaración, han sido enviados a las cárceles Yare II y Yare III. Esta situación ha generado preocupación no sólo en el sector petrolero, sino también en una sociedad que cada vez se siente más frágil ante las violaciones de derechos humanos.
El pasado jueves, Freites compartió a través de su cuenta en X, que un grupo de trabajadores petroleros, que había estado “secuestrado” por el gobierno de Nicolás Maduro, logró comunicarse brevemente con sus familiares. En este contacto, los trabajadores informaron que habían sido trasladados a dos de las cárceles más infames de Venezuela, Yare II y Yare III, ubicadas en el estado Miranda. Este contacto, aunque breve, fue suficiente para encender las alarmas sobre su bienestar y los motivos que rodean su detención.
Las cárceles Yare II y Yare III son conocidas por sus condiciones inhumanas y la violencia inherente a su entorno. La denuncia de Freites destaca que, a más de un mes de la desaparición forzada de estos trabajadores, el gobierno no ha proporcionado un informe oficial sobre los motivos de su detención, ni se han presentado cargos en su contra. Esta falta de transparencia es vista por muchos como una táctica de represión por parte del régimen, que busca silenciar las voces que se alzan en defensa de los derechos laborales.
“Se trata de una violación flagrante a los derechos humanos y un nuevo capítulo de represión contra los trabajadores petroleros que luchan por sobrevivir en condiciones de injusticia, persecución y abandono total”, subrayó Freites, resaltando la gravedad del asunto.
La industria petrolera de Venezuela ha estado sufriendo un largo proceso de deterioro. Una combinación de corrupción, malas decisiones económicas y sanciones internacionales ha llevado a la producción de petróleo a niveles históricos bajos. En medio de esta crisis, los trabajadores se encuentran en una situación precaria, enfrentando no solo la falta de recursos y apoyo, sino también la represión que sufren cuando intentan alzar la voz por sus derechos.
Las denuncias de Freites se suman a una serie de quejas que han surgido en la última década, donde trabajadores del sector han sido objeto de despidos arbitrarios, amenazas, y arrestos, al mismo tiempo que el gobierno se aferra a su control sobre la industria. La comunidad internacional ha expresado su preocupación, y organizaciones de derechos humanos han señalado que estas acciones representan un episodio más en la larga historia de violacionescontra los derechos de los trabajadores en Venezuela.
Ante la denuncia de Freites, el gobierno de Maduro no ha emitido comentarios oficiales. Esta falta de respuesta puede interpretarse como una forma de evasión ante las crecientes críticas. A nivel internacional, la situación ha atraído la atención de diversas organizaciones, incluidas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han instado a las autoridades a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluidas las garantías de un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión.
El caso de los trabajadores de Amuay es emblemático de la lucha más amplia por los derechos laborales en el país. A medida que la situación económica se deteriora, los trabajadores han comenzado a organizarse para demandar condiciones laborales justas y un salario digno. Sin embargo, esta movilización ha sido enfrentada con una dura represión por parte del gobierno, que no está dispuesto a permitir que se cuestionen sus políticas económicas.
La detención de los trabajadores no solo es una cuestión que debería preocupar a las organizaciones de derechos humanos, sino que también debería llamar la atención de la comunidad internacional en su conjunto. La represión de la disidencia y la violación de derechos laborales en Venezuela no es un asunto aislado; afecta a todos los ciudadanos y tiene repercusiones que trascienden las fronteras nacionales.
La situación de los trabajadores petroleros de la refinería Amuay es un recordatorio inquietante de las tensiones que actualmente atraviesan Venezuela. Los informes sobre violaciones a los derechos humanos, junto con la falta de información acerca de la detención de estos trabajadores, exigen una respuesta contundente. La comunidad internacional, así como las organizaciones de derechos humanos, deben intensificar sus esfuerzos para presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que rinda cuentas y respete los derechos laborales y humanos de todos los ciudadanos venezolanos.
En estos tiempos difíciles, el apoyo a los trabajadores petroleros y a quienes defienden sus derechos es más crucial que nunca. La resiliencia y unidad de los trabajadores frente a la adversidad son factores clave en la lucha por un futuro más justo y equitativo en Venezuela.
Con información de El Cooperante
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