Javier Etcheberry, actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se ha convertido en el centro de atención tras la revelación de que tiene una deuda de nueve años de contribuciones impagas por su vivienda ubicada en Laguna Aculeo, en la comuna de Paine. Esta situación salió a la luz tras un reportaje del canal 24 Horas, lo que ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética de su posición como alta autoridad tributaria en Chile.
Ante la presión pública y política, Etcheberry decidió renunciar a la prescripción legal, que le hubiera permitido eximirse del pago de parte de su deuda. Al optar por esta vía, el director del SII se comprometió a saldar la totalidad de los nueve años completos de contribuciones atrasadas, una decisión que ha sorprendido a muchos en el ámbito político y social. Este acto de transparencia, aunque bien recibido por algunos, también ha sido criticado por otros que cuestionan su idoneidad para liderar un organismo encargado de la fiscalización tributaria.
La vivienda de Etcheberry no estaba regularizada en el catastro del SII, lo que legalmente le permitía que solo se le cobrara un máximo de tres años de contribuciones atrasadas. Sin embargo, el director optó por activar una cláusula voluntaria del sistema tributario que le permite pagar la deuda acumulada. “Es un mecanismo que hoy día contempla la normativa tributaria”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien había inicialmente afirmado que el pago ya se había realizado, pero el SII desmintió esta afirmación más tarde.
El SII emitió un comunicado aclarando que, aunque la ley permitía a Etcheberry acogerse a la prescripción, él decidió no hacerlo. En el comunicado, el director del SII expresó su pesar por “la forma en que esta situación personal pudo ser percibida por la ciudadanía”. Este tipo de declaraciones son cruciales en un contexto donde la confianza en las instituciones públicas se ha visto erosionada por escándalos y mal manejo en el pasado.
La polémica ha escalado rápidamente, y diputados de oposición han exigido la renuncia de Etcheberry, argumentando que una figura de tal relevancia en el SII no debería estar involucrada en irregularidades de esta magnitud. Aunque el compromiso de pagar la deuda puede desactivar parte de la crisis, las dudas sobre su capacidad para liderar un organismo tan crítico persisten. En este contexto, el papel de los legisladores es fundamental para evaluar la idoneidad de los funcionarios públicos y garantizar la transparencia en la administración pública.
Etcheberry ha señalado que había intentado regularizar la propiedad en el pasado, pero que el sistema no procesó los datos correctamente, lo que impidió que se activara el cobro normal de contribuciones. Esta declaración genera aún más preguntas sobre la efectividad del sistema tributario en la regulación y control de las propiedades, especialmente en un contexto donde la recaudación de impuestos es crucial para el funcionamiento del Estado.
El mecanismo que Etcheberry utilizó para saldar su deuda está amparado en la normativa vigente, aunque su uso no es común. Esto plantea la cuestión de cuántas otras personas podrían estar en situaciones similares y si el sistema tributario está diseñado para fomentar la regularización de contribuciones impagas. La transparencia y la equidad en la aplicación de la ley son esenciales para mantener la confianza del público en las instituciones fiscales.
El caso de Javier Etcheberry es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el servicio público. En un país donde la ciudadanía ha exigido mayor rendición de cuentas, la decisión de un funcionario de alto nivel de renunciar a la prescripción de su deuda tributaria debe ser vista como un paso hacia la rectificación, pero también plantea interrogantes sobre la calidad de la gestión fiscal en el país. A medida que avanza este caso, será esencial seguir de cerca las acciones del SII y las respuestas del gobierno ante la creciente presión pública y política.
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