Las fuertes lluvias registradas en el sur de Venezuela durante julio provocaron el desbordamiento del río Orinoco, dejando más de 1.500 personas damnificadas en los estados Amazonas y Bolívar. Este fenómeno meteorológico ha dejado una estela de destrucción, con inundaciones que han arrasado no solo viviendas, sino también cultivos y vías de acceso, generando una grave emergencia humanitaria en regiones ya vulnerables.
En el estado Amazonas, los municipios más afectados son Atabapo y Atures, donde cerca de 250 familias han sido desplazadas y trasladadas a refugios improvisados, según informó el gobernador Miguel Rodríguez. La situación es crítica, ya que la crecida del río no solo ha puesto en riesgo la vida de sus habitantes, sino que también amenaza la planta eléctrica de Atabapo, que se encuentra fuera de servicio desde una emergencia similar ocurrida en 2018.
En el estado Bolívar, el municipio Cedeño ha enfrentado el desalojo total de la localidad de Puerto Nuevo El Burro, donde el agua ha cubierto todas las viviendas. Además, en Ciudad Bolívar, sectores como La Toma, El Edén y El Almacén permanecen anegados, y cada día que pasa sin soluciones visibles incrementa la angustia de sus habitantes. Lucas Ramos, un residente de La Toma, expresó su frustración: “Nos han dado algo de comida, pero más allá de eso, nada”.
Ante la creciente amenaza de las inundaciones, muchos vecinos se han visto obligados a trasladarse a zonas elevadas para proteger sus pertenencias. Sin embargo, hay quienes, como Manuel Ramos, de 75 años, temen abandonar sus hogares por la angustia de dejar atrás a sus animales. La situación se repite año tras año, sin que se implementen soluciones estructurales. Aunque el alcalde de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, aseguró que no se ha considerado la habilitación de refugios en Ciudad Bolívar, los habitantes insisten en la urgencia de una reubicación definitiva. “Hay casas vacías por migración que podrían usarse para nuevos asentamientos”, sugirió un residente, reflejando el sentir de muchos afectados.
Además de la devastación material, las consecuencias de las inundaciones también se sienten en la salud pública. En comunidades como El Almacén, los vecinos reportan una proliferación de mosquitos, diarrea, vómitos y casos de malaria. “Solo vinieron una vez con un operativo de salud. No han regresado más”, denunció Andrea, una residente de la zona, preocupada por la falta de atención médica en momentos tan críticos.
La emergencia también ha impactado severamente la economía local. Se han reportado pérdidas importantes en cultivos de auyama, patilla y más de 5 mil hectáreas de caña de azúcar en el estado Portuguesa. Los vendedores informales que dependían del río para comercializar productos como cachapas o pescado se encuentran ante la posibilidad de perder su único sustento diario. Esta situación no solo agrava la crisis humanitaria, sino que también hunde a muchas familias en la pobreza extrema.
Ante esta grave situación, las comunidades damnificadas exigen atención integral, acciones preventivas y políticas de reubicación que eviten que este tipo de tragedias se repitan cada temporada de lluvias. La falta de planificación y atención por parte de las autoridades ha dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad permanente, un escenario que clama por una respuesta rápida y efectiva por parte del gobierno y organismos internacionales.
La crisis que enfrentan las comunidades de Amazonas y Bolívar es un recordatorio trágico de que la naturaleza puede ser implacable, pero la inacción humana, aún más. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a aquellos que han sido
dificultados por las circunstancias, y garantizar que no solo haya ayuda en el momento del desastre, sino también soluciones a largo plazo que prevengan futuras tragedias.
Con información de Versión Final
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