El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha presentado su profundo y alarmante informe titulado “Sin separación ni autonomía de poderes: cárceles y calabozos como herramientas de torturas”. Este informe de 2024 subraya, una vez más, la espantosa realidad que enfrentan los reclusos en Venezuela, con un enfoque centrado en la falta de separación de poderes y el uso de los centros de detención como instrumentos de tortura y violación a los derechos humanos.
A nivel general, el OVP detalla el colapso de las condiciones de reclusión en el sistema penitenciario del país. Las solicitudes de atención no son nuevas, pero se han intensificado debido a “hacinamiento en riesgo crítico”, “deterioro de la infraestructura”, “precariedad en los servicios básicos”, “violencia sistémica” y la “inexistencia de un sistema de justicia penal eficaz”. Este triste panorama no afecta únicamente a los presos comunes, sino que se hace aún más urgente en el contexto de los presos políticos, que han incrementado tras los eventos electorales del 28 de julio de 2024.
Los datos revelados en el informe son desgarradores. El OVP contabilizó 149 muertes de presos bajo custodia del Estado en lo que va del año. De estas muertes, 105 ocurrieron en cárceles (66 de ellas por enfermedades agravadas por la falta de atención médica), 40 en calabozos policiales y 4 correspondieron a presos políticos. A estos fallecimientos se les suman 74 heridos causados por motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas, lo que pone de manifiesto una crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario.
Este es un resumen de los datos clave sobre la situación de los presos en el país durante 2024 según el informe del OVP:
El OVP también ha señalado una inversión alarmante en la pirámide procesal, donde hay más personas sin sentencia (12.110, es decir, el 55%) que condenadas (9.909). Esta data evidencia un retardo procesal estructural que perpetúa la impunidad y la injusticia, lo que agrava aún más la situación de los reclusos.
El informe ha destacado la diferencia de género en la población carcelaria, donde el 91,1% de los reclusos son hombres (20.050), mientras que solo el 8,9% son mujeres (1.969). Además, se contabilizan 450 extranjeros detenidos (431 hombres y 19 mujeres), junto con 158 adolescentes en riesgo.
Las condiciones de vida en las cárceles venezolanas son lamentables y muchas veces peligrosas. Las celdas carecen de ventilación, acceso constante a luz natural y agua potable. La alimentación es deficiente, con numerosos reclusos perdiendo entre 10 y 15 kilogramos de peso. En centros como Tocuyito o Cenapromil (Ramo Verde), los internos se ven obligados a beber agua contaminada y consumir alimentos en estado de descomposición.
Aparte de esto, hay reportes que indican que algunos reclusos deben pagar hasta $10 para poder acceder a alimentos, una suma que resulta exorbitante para la mayoría de ellos, dadas sus condiciones y limitadas opciones económicas.
El informe subraya que un total de 149 personas han fallecido en cárceles durante 2024. Las principales causas de defunción son enfermedades por falta de atención médica y violencia entre los reclusos, con 66 casos atribuibles a estas circunstancias. Asimismo, se recalcó que 4 presos políticos también han muerto durante el año, con un total de 22 desde 2015 en circunstancias similares bajo custodia del Estado.
La situación de las mujeres en prisión también es preocupante. Hay 1.969 mujeres privadas de libertad en el país, y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) presenta un alarmante 185,71% de hacinamiento. Además, 23 niños viven con sus madres dentro de las cárceles, normalmente en condiciones precarias. Las denuncias de tratos crueles, torturas y la destrucción de pertenencias personales durante las requisas son comunes, lo que amplía el ámbito de violación de derechos humanos en estos espacios.
La situación de las cárceles en Venezuela es una herida abierta que necesita atención urgente. El OVP continúa trabajando para visibilizar la dura realidad que viven miles de reclusos en el país. A medida que se acercan más informes y datos, la sociedad venezolana y las organizaciones internacionales deben tomar acción para abogar por un sistema de justicia más humano y eficaz.
Con información de Tal Cual.
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