La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que Alberto Mejía, ciudadano venezolano acusado de participar en un homicidio por encargo, abandonó Chile días después de haber sido liberado desde el penal Santiago 1, en un hecho que ha desatado graves cuestionamientos al Poder Judicial y a Gendarmería. Mejía, que se hacía pasar en Chile por Osmar Ferrer, habría cruzado a Perú y seguiría rumbo a Venezuela, lo que complica su eventual extradición.
Mejía fue formalizado por su presunta participación en el asesinato del comerciante José Reyes, ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa, junto a otros dos cómplices. Pese a que la jueza Irene Rodríguez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva la tarde del 9 de julio, un oficio posterior —firmado electrónicamente esa misma noche— ordenó su liberación.
El documento fue enviado por correo electrónico a Gendarmería a las 12:11 del 10 de julio. Dos horas después, a las 14:13, llegó un segundo correo rectificando la instrucción y reiterando que Mejía debía permanecer en prisión. Sin embargo, Gendarmería lo dejó en libertad cerca de las 20:00 horas, lo que hoy es materia de investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
La fuga de Mejía fue confirmada el lunes 22 de julio por la fiscalía, tras diligencias realizadas por el OS-9 de Carabineros. Según los antecedentes, habría salido de Chile el sábado 12 de julio rumbo a Perú, tras pagar $2,5 millones a un conductor que lo trasladó desde Santiago a Iquique. Luego pasó por Arica y habría cruzado irregularmente la frontera cerca del paso Chacalluta hacia Tacna.
Desde allí, se presume que continuó su ruta hacia Ecuador y Colombia, con la intención de llegar a Venezuela. Este país no permite la extradición de sus ciudadanos, de acuerdo con el artículo 69 de su Constitución, lo que alimenta el temor de que el crimen quede impune.
El caso ha generado un fuerte cruce de acusaciones entre Gendarmería y el Poder Judicial, mientras la justicia intenta determinar si se trató de un error administrativo o de un posible acto de corrupción. La liberación del imputado solo se conoció gracias a una consulta realizada por la defensa de uno de sus cómplices, quien preguntó por qué él seguía detenido y Mejía no.
La controversia también golpeó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ya que Gendarmería depende de su cartera.
En paralelo, el fiscal nacional Ángel Valencia informó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que se oficiará a Gendarmería para revisar la población penal extranjera, debido a que Mejía fue formalizado y encarcelado inicialmente con una identidad falsa. El objetivo es detectar si existen otros internos en la misma situación.
La fuga del denominado “sicario de Meiggs” expone un grave quiebre en el sistema de justicia penal chileno y abre dudas sobre cuántos otros errores podrían estar escondidos tras el uso de identidades falsas en los centros penitenciarios del país.
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