Migrantes en Chile entre la espada y la pared.
La migración venezolana en Chile se mira en el espejo de los paisanos en Estados Unidos afectados por redadas migratorias, deportaciones masivas y pérdida del Estatuto de Protección Electoral (TSP), producto de la severa política migratoria adoptada por Donald Trump, en su retorno a la Presidencia.
De ganar el catalogado candidato “ultraderechista” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del 14 de diciembre, José Antonio Kast, del Partido Republicano, amenaza con deportar a 337.000 migrantes -la mayoría venezolanos -que viven actualmente en ese país de manera irregular, según cifras oficiales.
Si la abanderada de la “centroizquierda”, Jeannette Jara, sucede a Gabriel Boric en la jefatura de Estado, el panorama no mejora mucho. Para hacer frente a la migración en condiciones irregulares, propone el reforzamiento de las fronteras, con mayor presencia policial y militar, así como el uso de drones y sensores térmicos. También promete la expulsión de migrantes con faltas menores o simples.
A la politóloga y directora adjunta de Amnistía Internacional (AI) para Venezuela, Nastassja Rojas, le preocupa y lamenta que la migración de connacionales, forzada por la crisis politica, económica y social que vive el país, bajo el régimen de Nicolás Maduro, se vea envuelta de nuevo en temas de seguridad interna de los países de la región, para justificar el uso de medidas extraordinarias (securitización) contra personas vulnerables.
Para el internacionalista Iván Rojas, el afectado por un cambio de gobierno en Chile no será la administración de Maduro que, estima, seguirá con relaciones diplomáticas rotas, sino los ciudadanos que buscaron y buscan en ese país las oportunidades que no tienen en Venezuela producto de la crisis.
