El Senado aprobó en general el proyecto que busca “perfeccionar” el procedimiento de expulsión administrativa.
El Senado aprobó en general el proyecto que busca “perfeccionar” el procedimiento de expulsión administrativa, en el marco de la ley 21.325, con 35 votos a favor y uno en contra. La iniciativa, que cursa su segundo trámite constitucional, tendrá plazo de indicaciones hasta el próximo 29 de abril.
La propuesta apunta a fortalecer las atribuciones del Ejecutivo en materia migratoria, especialmente de la Subsecretaría del Interior y de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de agilizar los procesos de expulsión y reforzar el control sobre personas en situación migratoria irregular.
Entre los principales cambios, se contempla ampliar las facultades del subsecretario del Interior para decretar expulsiones por motivos de orden público, atribución que actualmente se limita a razones de seguridad interior y exterior. Asimismo, se establece que la PDI, con autorización previa, podrá ingresar a domicilios para concretar detenciones de personas con orden de expulsión, medida que deberá ser revisada posteriormente por la Corte de Apelaciones correspondiente.
El proyecto también considera autorizar a la PDI a recabar datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación irregular, así como permitir la expulsión inmediata de imputados por delitos de menor gravedad, bajo ciertas condiciones y con autorización judicial.
En cuanto a las sanciones, se propone aumentar el plazo de prohibición de ingreso al país. En el caso de expulsiones dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones, este se elevaría de tres a cinco años, mientras que aquellas decretadas por el subsecretario del Interior podrían oscilar entre cinco y diez años.
Durante el debate, parlamentarios destacaron que la iniciativa busca dar respuesta a decenas de miles de procesos de expulsión pendientes y generar un efecto disuasivo frente al ingreso irregular por pasos no habilitados. También se valoró la incorporación de mecanismos de control judicial en medidas como el ingreso a domicilios.
