La empresa pública Correos procesó solicitudes de regularización de inmigrantes sin requerir el certificado de antecedentes penales

La empresa pública Correos procesó solicitudes de regularización de inmigrantes sin requerir el certificado de antecedentes penales.

La empresa pública Correos procesó solicitudes de regularización de inmigrantes sin requerir el certificado de antecedentes penales, debido a errores en el manual entregado a sus empleados durante los primeros días del proceso.

Según la información disponible, la guía operativa distribuida a trabajadores de 373 oficinas no incluía este documento como requisito obligatorio para ciertos perfiles de extranjeros, en particular aquellos que habían trabajado en España o contaban con un contrato vigente. Esta omisión se produjo pese a que el real decreto del Gobierno sí establece la necesidad de acreditar que el solicitante no representa un riesgo para el orden público, la seguridad o la salud pública.

El fallo en el instructivo coincidió con el inicio del proceso de regularización masiva, durante el cual se tramitaron cerca de 20.000 solicitudes en la primera semana (no todas a través de Correos), lo que podría haber derivado en la presentación de expedientes incompletos en cientos de casos.

El manual también contenía otras inconsistencias. Inicialmente no contemplaba la posibilidad de aceptar documentos de identidad caducados, pese a que el decreto sí lo permitía, lo que generó información contradictoria a los solicitantes. A esto se sumaron errores de redacción, anexos incompletos y fallas en la vinculación de la información normativa.

Trabajadores de la empresa denunciaron además que se les instruyó gestionar datos sensibles, como documentos de identidad o certificados, sin un mecanismo claro de consentimiento expreso por parte de los solicitantes, lo que podría entrar en conflicto con la normativa de protección de datos.

A nivel operativo, funcionarios reportaron dificultades con el sistema informático Mercurio, utilizado para registrar las solicitudes, incluyendo caídas de la plataforma y complejidad en su uso. También señalaron falta de recursos humanos y presión por cumplir tiempos de atención fijados en 20 minutos por caso, que en la práctica se extendieron hasta más de una hora en algunos casos.

✍🏻Con info de ABC.