La polémica surgida en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende por parte del Ministerio de Bienes Nacionales ha tenido nuevas repercusiones en el ámbito político. La ministra del ramo, Marcela Sandoval, ha perdido su cargo, mientras que la senadora Isabel Allende se enfrenta a una acción ante el Tribunal Constitucional que podría llevar a su salida del Congreso.
La adquisición de la casona de Allende en Providencia fue cuestionada por el Servicio Nacional de Patrimonio en abril del año pasado, cuando advirtió sobre la inconveniencia de llevar a cabo la operación. Este organismo informó a la Subsecretaría de Patrimonio que la compra sería inapropiada debido a que la propiedad tenía entre sus propietarios a la senadora Isabel Allende y a la ministra de Defensa, Maya Fernández.
En un correo electrónico, el Servicio Nacional de Patrimonio alertó sobre los “efectos jurídicos” de la transacción, señalando que “se debe tener presente que hay dos personas de la comunidad que tienen calidad de autoridad, para efectos jurídicos”. Esta situación pone en duda la versión oficial entregada por La Moneda, ya que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, había afirmado previamente que las advertencias eran de carácter político y no jurídico.
La intención del Ministerio de Bienes Nacionales era convertir las casas de Patricio Aylwin y Salvador Allende en Providencia en museos, a pesar de que la Constitución prohíbe que las autoridades puedan suscribir contratos con el Estado. Esta situación ha generado consecuencias políticas, con la destitución de la ministra Marcela Sandoval y la posible salida de la senadora Isabel Allende del Congreso a raíz de una acción ante el Tribunal Constitucional.
