Reuters. Washington. Inmediatamente después de que desertó del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos levantó las sanciones económicas contra Manuel Cristopher, un general que se había desempeñado como jefe de inteligencia del mandatario socialista.
Pero otros exfuncionarios venezolanos tendrán muchas más dificultades para quedar liberados de las sanciones de Estados Unidos a menos de que sigan los pasos de Cristopher y tomen acciones osadas y concretas contra Maduro, de acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno del mandatario Donald Trump.
“Depende de la persona que desee dar un paso al frente y de lo que tenga que hacer”, dijo el senador Marco Rubio, un republicano de Florida que se ha transformado en una de las voces que más influye en las políticas de la Casa Blanca hacia Venezuela.
“Si ayuda a lograr una transición pacífica a la democracia, incluso aunque estos individuos hayan hecho cosas terribles, yo estaría dispuesto”, dijo Rubio a Reuters.
El uso de sanciones económicas para cambiar las lealtades de oficiales y funcionarios de alto rango en Venezuela es clave en el intento de Estados Unidos por remover a Maduro, cuyo país sufre por una profunda crisis económica y política.
Pero el Gobierno de Trump quiere ver “acciones concretas y significativas” antes de retirar las sanciones a otros exasesores de Maduro.
Algunos de ellos -como el exdiplomático y general en retiro Hugo Carvajal- se enfrentan a cargos criminales de Estados Unidos que podrían complicar la decisión política de levantar las sanciones.
El Gobierno de Trump removió velozmente las sanciones contra Cristopher el 7 de mayo, como un incentivo para convencer a otros oficiales de alto rango a que deserten.
La medida busca recabar apoyo para Juan Guaidó, presidente encargado y jefe de la Asamblea Nacional, que invocó la Constitución de Venezuela en enero para asumir el Ejecutivo, argumentando que la reelección de Maduro en 2018 fue ilegítima.
Estados Unidos y varios países occidentales respaldaron a Guaidó, a quien Maduro ha descrito como una marioneta de Estados Unidos.
Cristopher colaboró con la fallida revuelta del 30 de abril contra Maduro y fue crucial para la liberación del mentor político de Guaidó, Leopoldo López, de su arresto domiciliario.
El retiro de las sanciones en su contra fue visto como una manera atraer funcionarios del régimen de Maduro y convencer a quienes tienen dudas sobre la capacidad del presidente socialista de sobrevivir a la actual crisis política venezolana, dijo un funcionario de la Casa Blanca.
“Queremos reforzar la credibilidad de la oferta de amnistía que ha hecho Guaidó”, dijo el funcionario.
La oposición venezolana en Washington ha instado en privado al gobierno de Trump a que acelere la remoción de sanciones para más oficiales a fin de alentarlos a desertar, dijo una fuente cercana a las discusiones.
“Muerte civil”
Estados Unidos ha puesto en una lista negra a más de 150 funcionarios y empresas venezolanas en la última década por razones que van desde supuesta participación en operaciones de narcotráfico a corrupción y abusos de los derechos humanos.
Normalmente, el proceso de retiro de las sanciones de Washington puede tomar meses -a veces años- de negociaciones con el Departamento del Tesoro.
Incluso para los funcionarios sin activos en Estados Unidos, quedar en la lista negra les imposibilita hacer negocios en dólares estadounidenses fuera de su país. Muchos bancos europeos, asiáticos y latinoamericanos revisan que sus potenciales clientes no estén penalizados, incluso aunque no sea un requisito legal.
“En Colombia, se dice que estar en la lista es la ‘muerte civil’ porque no puedes tener cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito, no puedes tener nada”, dijo Adam Smith, un alto funcionario del Departamento del Tesoro durante el Gobierno del expresidente Barack Obama y ahora socio de la firma legal Gibson, Dunn & Crutcher.
Las sanciones también impactan el estilo de vida de las familias de los funcionarios venezolanos. “Las esposas de estas personas no pueden comprar en Estados Unidos. No tienes idea de cuánto les duele”, dijo otro alto funcionario estadounidense.
Otros desertores que eran funcionarios de alto rango de Maduro siguen siendo parte de la lista de sanciones.
El general Carlos Rotondaro fue sumado el año pasado a la lista negra por gestión incompetente del programa estatal de medicamentos. Desertó del régimen de Maduro y huyó a Colombia hace dos meses, pero no ha sido liberado de las medidas punitivas de Estados Unidos.
Otros dos generales -Cliver Alcalá y Hugo Carvajal- siguen bajo sanciones a pesar de haberse alejado de Maduro. Carvajal está en prisión en España a la espera de una posible extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Ni Rotondaro ni Alcalá respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios y un abogado de Carvajal no pudo ser contactado de inmediato.
Otros factores que presionan a los potenciales desertores son los procesamientos criminales e investigaciones de Estados Unidos, que podrían enfrentar incluso si se les remueven las sanciones. Las autoridades estadounidenses han sido poco claras sobre este punto.
Si bien el retiro de las sanciones a Cristopher fue prácticamente automático, otros podrían encarar criterios más estrictos, dijo un funcionario estadounidense.
“El costo de salir de la lista negra se incrementará con el tiempo. Ahora es el momento para que ellos logren el mejor acuerdo”, sostuvo.
