Por 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones, los parlamentarios aprobaron la iniciativa que busca tipificar como delito la alteración del orden público mediante actos de violencia y agravar las penas.
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca modificar el Cógido Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública a través de la ejecución de actos de violencia, iniciativa conocida también como ley antisaqueos.
La propuesta, impulsada desde el gobierno, fue aprobada por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones.
En el texto, el proyecto establece además sanciones con penas más altas para quienes resulten responsables de incendiar barricadas, en el marco de manifestaciones.
Para esta sanción, el documento indica que se entenderá por desorden público las siguientes situaciones:
- Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
- Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
- Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
- Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
- Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
- Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
“El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años”, detalla el proyecto.
