Sol Ocariz denunció esta semana que las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario le prohibieron visitar a su hermano, el preso político Edward Ocariz, en la cárcel de Tocuyido debido a que continuamente usa los medios de comunicación para levantar la voz por su familiar y las de otros detenidos en el contexto de las protestas electorales.
Durante un foro celebrado el martes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, la mujer de 64 años de edad relató que acudió al centro penitenciario ubicado en el estado Carabobo el pasado lunes 25 de noviembre para acudir a una visitar programada para las 11:00 am, sin embargo, le notificaron que había sido aplazada para las 4:00 pm.
Cuando acudió a la hora pautada, un custodio le indicó que por órdenes del Ministerio de Servicio Penitenciario no podía visitar a su hermano, quien es un activista de los derechos humanos en la ONG Provea y exvicepresidente de organización del partido opositor Primero Justicia en Coche.
“Quien salga en los medios de comunicación tiene suspendidas las visitas”, fue lo que dijeron a Sol Ocariz en la cárcel de Tocuyito, quien aseguró que pese a esto no dejará de alzar la voz por todos los presos políticos del país.
Señaló que a otras mujeres, al igual que a ella, no se les permitió la visita a sus seres queridos detenidos, debido a que dieron declaraciones a los medios de comunicación.
«Nosotras no nos vamos a callar. Nosotras vamos a seguir adelante y vamos a contar todo lo que está pasando en todas las prisiones. Si nos callamos le damos pie al gobierno para que siga cometiendo fechorías y no podemos permitir eso, tenemos que levantar la voz como mujeres guerreras, luchadoras y valientes que somos», afirmó.
Edward Ocariz, uno de los más de 1.000 presos políticos acusados de terrorismo
Edward Ocariz, detenido el 2 de agosto durante las protestas poselectorales, fue acusado de terrorismo, un cargo que se castiga con prisión de 25 a 30 años; delitos de escándalo público e incitación al odio, estipulados en la Ley contra el odio, y que se castigan con prisión de 10 a 20 años; y alteración del orden público, que se castiga con pena de prisión de 3 a 6 meses.
Desde que fue detenido no hay claridad en el caso debido a que no han permitido juramentar a un abogado privado.
Sol Ocariz señaló que para poder preparar la defensa necesita saber qué dice el expediente. “Allí tienen cosas que no son imputables a mi hermano. Puedo demostrar con hechos y grabaciones cuando fue sacado de su apartamento y fue llevado por la policía. Además, puedo demostrar que es un líder comunitario muy querido, donde incluso le hicieron un rosario para pedir por su bienestar y liberación», dijo en una entrevista para El Nacional a principios de septiembre.
La mujer denunció que desde el gobierno le han vulnerado sus derechos humanos y su seguridad, así como su salud física y mental.
Hace pocos días, se trasladó a los exteriores del penal de Tocuyito ante la promesa de 225 excarcelaciones, anunciada por la Fiscalía sin ofrecer una lista de nombres. Sin embargo, Edward Ocariz no estuvo entre los presos liberados.
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