La activista política Yenny Barrios, quien se encuentra en prisión y luchando contra un linfoma no Hodgkin de células grandes, fue trasladada el martes desde el centro de reclusión Pato e’ Palo de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Lara al anexo femenino de la cárcel de Uribana, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Ante la delicada condición de salud de Barrios, la ONG ha instado al gobierno a garantizar su atención médica, especialmente porque desde su arresto en septiembre las quimioterapias han sido interrumpidas.
Su hijo, Diego Sierralta, ha solicitado reiteradamente la liberación de su madre por razones de salud, llegando a hacer un llamado al fiscal Tarek William Saab para que intervenga y permita que Barrios reciba el tratamiento necesario.
El OVP recordó el fallecimiento de Jesús Manuel Martínez Medina, un preso político que murió bajo custodia del Estado debido a las condiciones inhumanas de su reclusión en Anzoátegui. Ante esta situación, la organización hizo un llamado para evitar que se repita otra muerte por negligencia estatal.
Por otro lado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció el traslado irregular de 29 presas políticas desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Lechería, estado Anzoátegui, a la cárcel de Las Crisálidas en Los Teques, estado Miranda. Además, confirmaron el traslado de al menos 10 presas políticas desde la sede de la PNB de Los Guayos en Carabobo al anexo de mujeres de la cárcel de Tocuyito.
Estos hechos ponen de manifiesto la difícil situación de los presos políticos en Venezuela y la necesidad de garantizar sus derechos humanos, especialmente en lo que respecta a su salud y condiciones de reclusión.