Por Jorge León Báez, de venezolanoenchile.com
En abril de 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció que iba a iniciarse en Chile un Proceso de Regularización Extraordinario, lo que en un principio se entendió como un “perdonazo” que permitiría a personas que estuviesen irregulares, obtener algún tipo de estatus migratorio regular.
A medida que se fueron aclarando los detalles del proceso, vimos que habría una fase de registro que duraría 3 meses, en la cual todos aquellos que hubiesen entrado al país por pasos “no habilitados” (clandestinos), que tuvieran su permiso de turismo vencido, visación de residencia vencida o en trámite, reconsideración en trámite o que de alguna manera estuviesen irregulares ante Extranjería, podrían registrarse para optar por una visa de residencia, presentando sus antecedentes penales emitidos en el país de origen, clave de lo que viviremos pronto, porque no a todos les será aprobada la visa y, en esos casos, el resultado muy probablemente sea la expulsión de Chile.
Comenta Soledad Torres, abogada con más de 25 años de experiencia en temas migratorios y líder de Legal Global: “El problema es que la gente se confió en este proceso de regularización y, aunque muchos efectivamente han logrado regularizar su situación, están los casos de personas que tienen un pasado judicial en su país o han cometido algún delito en Chile, por más simple que sea, incluso por denuncias de ruidos de fiestas nocturnas o riñas, los cuales podrían ser causales de expulsión llegado el momento”.
302 expulsiones van en 2019
Luego, profundiza la misma idea, destacando que los delitos simples caen dentro del mismo saco que los delitos más graves, porque no hay una investigación exhaustiva en cada caso, sino que el criterio es tener o no tener antecedentes penales, sin ponderar si la persona está casada, si tiene hijos en Chile, si tiene trabajo, etc.
También serán objeto de expulsión aquellos que, aunque no hayan cometido un delito, se hayan saltado la fase de registro mientras estaban irregulares o que trabajen de manera irregular.
“Tampoco se puede condenar dos veces a alguien por el mismo delito. Si ya una persona cumplió una pena por una falta que cometió, no es justo que se le niegue la residencia por esa razón, porque iría en contra del principio de reinserción en la sociedad que se supone que la ley promueve y, en esos casos, existe la posibilidad de interponer recursos administrativos y/o judiciales”.
En la conversación, también participó Constanza, abogada de Legal Global, quien agregó: “Me parece que las sanciones que se están manejando son muy radicales. No puede ser que a alguien que ya está asentado en Chile, que trabaja y tiene su familia acá, que no haya cumplido con el requisito para renovar su visa de residencia, se le expulse por haber hecho mal un trámite burocrático que sabemos que es engorroso y complicado.
De 155 mil inscripciones en el proceso de regularización, se habían analizado 150 mil para el 2 de febrero.
Esto también promueve la criminalización de la migración, porque ubica en la misma categoría a una persona que no haya hecho bien sus trámites migratorios con otras que han cometido delitos graves como asesinatos, violaciones o narcotráfico”.
Continúa: “Aunque suene complejo e involucre juzgados y corte, lo importante es que es totalmente viable interponer recursos para lograr que quede sin efecto la expulsión de un inmigrante que haya trabajado irregularmente o que se le haya vencido el tiempo para registrarse en el Proceso de Regularización Extraordinario, o que haya cometido algún delito simple”.
Soledad complementa: “La expulsión no es la última palabra porque hay maneras, apegadas a la ley, de solucionar estos casos. Lo normal en derecho es contar con recursos administrativos y judiciales, sin embargo, cuando se trata de Extranjería, irse por el recurso administrativo es prácticamente obtener una negación, porque el mismo organismo es juez y parte, entonces lo ideal es interponer un recurso judicial desde un primer momento”.
También comenta que la vía judicial toma alrededor de un mes para tener resultado, contrario a la vía administrativa que toma más de un año, por el volumen de casos que está manejando Extranjería.
Pasos a seguir tras una negación y posterior orden de expulsión
“A esa persona se le va a llamar para notificarle su expulsión. En estos casos la PDI le avisa personalmente al solicitante que existe un decreto de expulsión en su contra, le exige que firme un documento que hace constar que efectivamente fue notificado y le pregunta si va a interponer algún recurso de apelación, cosa que no debería ser, porque responda que sí, o que no, igual puede hacerlo luego.
Lo normal es que a la persona se le dé un plazo de hasta 15 días para abandonar el país. Desde ese momento en adelante, se abre una ventana de solo 24 horas para interponer un recurso de reclamación, que normalmente no se utiliza porque en tan poco tiempo es imposible recopilar toda la información necesaria para armar un caso, a menos que ya se espere una orden de expulsión y la persona haya preparado junto a su abogado todo lo necesario con anticipación.
Lo que yo recomiendo es la presentación de un recurso de amparo que se puede hacer en cualquier momento que la libertad de movimiento o de residir en el país se vea afectada y, si algo sale mal ante la Corte de Apelaciones, se puede intentar luego ante la Corte Suprema, cosa que no es posible con el recurso de reclamación porque este va directamente a la Corte Suprema y luego de esa instancia, no existe una más alta”.
“En agosto del año pasado, fueron expulsados 51 extranjeros, 19 por temas administrativos y, a su vez, 15 de ellos con antecedentes penales en Chile por delitos con penas ya cumplidas y los otros 4 eran personas que tenían pasados judiciales en su país de origen. Entonces, estas 19 personas son las que podrían interponer recursos para apelar sus decretos de expulsión, si se asesoran correctamente”.
Hasta ahora ha habido pocas expulsiones, por lo que se espera que la mayoría se está dejando para la etapa final del Proceso de Regularización Extraordinario, pautada para julio de 2019, fecha en la cual se esperan 12.000 expulsiones de personas que no cumplieron los requisitos de regularización.
Las expulsiones se pueden dejar sin efecto
Soledad comenta que “si de esas 12.000 personas, por ejemplo, el 10 % corresponde a casos administrativos como los que explicábamos antes, estaríamos ante 1.200 personas que podrían interponer recursos para dejar sin efecto esas expulsiones… El problema es que ellos no saben que tienen esa posibilidad y el Estado tampoco se los informa. De resultar positiva la apelación, se dicta una sentencia que deja sin efecto la expulsión y esa persona tendría entonces la oportunidad de solicitar nuevamente una visa de residencia, la cual no debería ser negada, al menos por esta razón”.
