La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) está evaluando la posibilidad de incluir en sus investigaciones sobre Venezuela las denuncias recibidas después de las elecciones del 28 de julio. En dichas elecciones, Nicolás Maduro fue anunciado como ganador, pero la oposición, respaldada por actas electorales, declaró una victoria contundente de Edmundo González Urrutia, desencadenando una ola de protestas que resultaron en represión, asesinatos y miles de detenciones.
En su informe anual, la Fiscalía de la CPI informó que recibió denuncias sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, las cuales han sido evaluadas según sus protocolos. Tras la evaluación, se determinó que dichas denuncias entran dentro del alcance de la investigación en curso.
Al mismo tiempo, la Fiscalía ha seguido colaborando con las autoridades venezolanas en relación con los Memorandos de Entendimiento firmados en 2021 y 2023. Uno de estos acuerdos, alcanzado el año pasado, tenía como objetivo facilitar la cooperación entre la fiscalía internacional y el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, recientemente se han producido declaraciones críticas por ambas partes.
Esta semana, Karim Khan, fiscal de la CPI, hizo un llamado al gobierno de Maduro para que libere a los adolescentes y niños detenidos por los organismos de seguridad del Estado durante las protestas posteriores a las elecciones, así como a todos los presos políticos.
En respuesta, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, negó la existencia de niños detenidos, afirmando que “no hay niños presos aquí”. Además, criticó a Khan por no abordar la situación en Israel, donde, según él, se cometen crímenes contra niños en Palestina.
A pesar de las afirmaciones de Cabello, la ONG Foro Penal reportó que hasta el 25 de noviembre había 1.903 presos políticos en Venezuela, incluyendo 42 adolescentes, uno de los cuales era Mariana González, una estudiante que fue liberada después de hacer pública una carta en la que expresaba su deseo de no continuar viviendo bajo esas condiciones.