La diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, se reunió con Jazmín Cárdenas Jiménez, jefa del Departamento de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) en Valparaíso, para abordar el preocupante aumento de delitos de explotación sexual y abuso de menores en línea. Durante la reunión, se discutieron los principales desafíos que enfrenta esta unidad en la lucha contra estos crímenes.
Se destacó la complejidad para rastrear las direcciones IP de los equipos involucrados en estas investigaciones, agravada por la ausencia de un registro obligatorio de chips prepagos, lo que dificulta la trazabilidad de las comunicaciones. Asimismo, se mencionó que algunas compañías proveedoras de servicios de internet demoran la entrega de información clave para las investigaciones, lo que afecta la eficacia de los procesos.
Además, se resaltó la necesidad de modernizar los equipos tecnológicos del departamento para mejorar la capacidad de los investigadores en el manejo de la creciente cantidad de material probatorio generada por estos casos. Se abordó la preocupante disminución en la edad de los imputados, con una tendencia a involucrar a individuos cada vez más jóvenes, incluso menores de edad, lo que plantea nuevos desafíos legales y sociales en la prevención y abordaje de estas conductas.
Al término de la reunión, la diputada Camila Flores se comprometió a impulsar iniciativas legislativas que obliguen a las empresas proveedoras de servicios de internet a colaborar de forma más ágil, estableciendo plazos estrictos para la entrega de información relevante. También anunció sus esfuerzos para gestionar financiamiento a través de proyectos en el gobierno regional con el propósito de modernizar los equipos de almacenamiento necesarios para las investigaciones.
La parlamentaria expresó su compromiso en trabajar en conjunto con el equipo de Cibercrimen de la PDI para hacer frente a esta grave problemática. Destacó la importancia de promover el financiamiento de un proyecto que modernice los equipos tecnológicos esenciales para las investigaciones y presentar una iniciativa legislativa que obligue a las compañías de internet a proporcionar información clave en plazos perentorios. Señaló la urgencia de no permitir que la burocracia y la escasez de recursos obstaculicen la protección de los niños ante estos crímenes atroces.
En palabras de la diputada: “La situación es alarmante. La proliferación de pornografía infantil ha aumentado significativamente tras la pandemia. Esto es inaceptable y requiere una respuesta firme y coordinada. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de colaborar para garantizar la protección de nuestros niños y niñas. Trabajaremos en medidas concretas para fortalecer las capacidades de la PDI y exigir un mayor compromiso de las empresas proveedoras de internet”.
