La Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas, conocida como Ley Antiterrorista. Sin embargo, miembros del oficialismo y de partidos como el Frente Amplio y el Partido Comunista expresaron su descontento con la normativa y adelantaron que recurrirán al Tribunal Constitucional debido a la aplicación de la herramienta tecnológica IMSI Catcher.
El IMSI Catcher es una tecnología utilizada para monitorear direcciones IP, georreferenciación o localización de dispositivos, simulando sistemas de transmisión de telecomunicaciones. Según explicó Proyecto Fade, esta herramienta recopila códigos IMSI (International Mobile Subscriber Identity) de un área específica o niega el servicio a usuarios de teléfonos celulares. Una vez que se conoce el IMSI de la víctima, el operador puede conectarse al teléfono objetivo dentro del alcance y extraer información a través de un proceso de mapeo de radiofrecuencia.
La diputada Alejandra Placencia (PC) ha expresado su preocupación por el uso del IMSI Catcher, afirmando que esta tecnología afecta la privacidad de las comunicaciones y puede vulnerar derechos fundamentales de las personas. En este sentido, la ONG Derechos Digitales también ha alertado sobre el uso arbitrario de esta herramienta y llamó a utilizar todos los mecanismos disponibles, incluyendo el recurso al Tribunal Constitucional, para evitar que la protección de la seguridad se convierta en una excusa para vulnerar las libertades esenciales de los ciudadanos.
La ministra Carolina Tohá restó importancia al anuncio de llevar la Ley Antiterrorista al Tribunal Constitucional, asegurando que el texto aprobado es sólido y cuenta con un amplio respaldo transversal. A pesar de las críticas y las dudas planteadas por algunos sectores políticos y organizaciones, la legislación busca establecer un marco legal efectivo para combatir delitos relacionados con el tráfico de drogas, control de armas y asociación ilícita.
