El fiscal general de la república, Tarek William Saab, ha lanzado duras críticas contra Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acusándolo de emitir afirmaciones irresponsables y parciales que socavan la imparcialidad en el diálogo colaborativo con el gobierno venezolano.
En un comunicado emitido por el Ministerio Público, Saab expresó su preocupación por la falta de objetividad de Türk al abordar la violencia y los actos terroristas desencadenados tras la publicación de los resultados electorales por el Consejo Nacional Electoral el 28 de julio.
El fiscal enfatizó que el Alto Comisionado intentó responsabilizar al gobierno venezolano por la violencia desatada por grupos armados, con la intención de desencadenar un conflicto civil en el país. Saab calificó estas acusaciones como infundadas y desequilibradas.
En su más reciente informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk condenó el uso indebido de leyes para detener y hostigar a ciudadanos en Venezuela. Ante esto, Saab criticó las declaraciones del Alto Comisionado, considerándolas como un acto lesivo contra el derecho internacional de los derechos humanos.
El fiscal recalcó que las declaraciones de Türk omitieron deliberadamente las actividades violentas y criminales realizadas por grupos al margen de la ley para desestabilizar al gobierno legítimo. Saab cuestionó la imparcialidad de Türk y lo comparó con un portavoz de potencias extranjeras hostiles a Venezuela.
En respuesta a las críticas recibidas, Saab instó a Türk a rectificar su enfoque hacia Venezuela, recuperar el equilibrio y no permitir que su postura sea influenciada por agendas ajenas al respeto de los derechos humanos.
Durante la reunión con Estados Miembros sobre la situación de Venezuela, el Alto Comisionado enfatizó la necesidad de sanar las divisiones y promover un diálogo inclusivo en la sociedad, instando a la liberación de personas detenidas arbitrariamente y garantizando un juicio justo.
En conclusión, las acusaciones de Saab hacia Türk reflejan la tensión existente entre el gobierno venezolano y los organismos internacionales de derechos humanos, evidenciando la compleja situación política y social que atraviesa el país sudamericano.
