La activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y su exesposo Alejandro González enfrentarán una audiencia de juicio público el miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am, tras haber sido previamente suspendida por presunta falta de traslado. San Miguel, detenida en febrero, está acusada de tener vínculos con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro.
El proceso ha estado plagado de irregularidades y retardo procesal, ya que las autoridades no han permitido la designación de defensores privados y han manejado el expediente con oscurantismo. San Miguel se encuentra detenida en El Helicoide, donde solo su hija puede visitarla. Aunque ha presentado problemas de salud, fue hasta el 10 de diciembre que se reveló que sufría una fractura de hombro detectada cuatro meses tarde.
Diversas ONG han solicitado una medida humanitaria urgente para que San Miguel pueda someterse a una cirugía con sus médicos de confianza, ya que la reclusión no garantiza la atención médica adecuada y la rehabilitación necesaria. La situación de la activista ha generado preocupación por la violación de sus derechos a la salud y la falta de respeto a su dignidad. Otras organizaciones también han manifestado la necesidad de una rehabilitación fuera del sistema penitenciario para asegurar su adecuada recuperación.
