La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió un comunicado en el que rechazó las sanciones impuestas por Canadá contra cinco funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los sancionados se encuentra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez.
En el comunicado, la ALBA-TCP expresó su desacuerdo con las medidas tomadas por Canadá y las comparó con las políticas de Estados Unidos. Consideraron que estas sanciones son un intento fallido de presionar a Venezuela y promover la desestabilización en el país.
La organización señaló que este tipo de sanciones unilaterales violan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, afirmaron que Venezuela tiene el derecho soberano de construir su propio modelo sin injerencias externas.
Además de Rodríguez, Canadá también señaló a otros funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos, como Juan Carlos Hidalgo Pandares, Rosalba Gil Pacheco, Edward Miguel Briceño Cisneros y Luis Ernesto Dueñez Reyes.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, declaró que estas sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano. Afirmó que Canadá está dispuesta a trabajar con la región para apoyar un diálogo pacífico, pero también utilizará herramientas como las sanciones para garantizar los derechos democráticos en Venezuela.
Estas acciones de Canadá han generado controversia y rechazo por parte de la ALBA-TCP, que defiende la soberanía de Venezuela y critica las medidas unilaterales impuestas por países extranjeros. La situación política en Venezuela sigue siendo motivo de tensión y debate a nivel internacional.