Rocío San Miguel pospone audiencia hasta febrero

La audiencia de juicio público de la activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y su exesposo Alejandro González ha sido diferida para el 11 de febrero de 2025, según fuentes confirmadas. Los Juzgados 29 y 30 tomaron esta decisión debido a problemas de comunicación telemática y la falta de autorización para el traslado de los acusados. Inicialmente programada para el 18 de diciembre a las 10:00 am, la audiencia ha sido postergada.

Entre los acusados en este caso se encuentran Anyelo Julio Heredia G, Guillermo Enrique César Fiero, Tomás Martínez Masías, Carlos Jesús Vásquez, Guillermo Henry Cesar Fiero, Tomás Martinez Chico y Diana Desirée Victoria Justo, según información proporcionada por la abogada Tamara Sujú. La audiencia, que originalmente estaba prevista para el 11 de noviembre, fue suspendida por falta de traslado, según declaraciones del abogado Juan González Taguaruco.

Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Simón Bolívar, enfrenta acusaciones de la Fiscalía por su presunto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. El proceso ha estado plagado de irregularidades y retrasos, con la negativa de las autoridades a permitir la designación de defensores privados y una falta de transparencia en el manejo del expediente, según González Taguaruco.

La activista se encuentra detenida en El Helicoide, donde solo su hija tiene autorización para visitarla. A pesar de denuncias previas de su abogado sobre problemas de salud, no fue hasta el 10 de diciembre que el gobierno de Maduro divulgó fotos de San Miguel siendo atendida por una fractura en el hombro derecho, detectada cuatro meses después de la lesión. Organizaciones de derechos humanos han pedido una medida humanitaria urgente para que San Miguel pueda recibir la atención médica necesaria.

En un llamado a la solidaridad, Provea resaltó que la defensora de los derechos humanos merece una atención médica de calidad y una rehabilitación adecuada, considerando las condiciones de su detención. La lucha por la justicia y la transparencia en este caso continúa, con la esperanza de que se resuelva de manera justa y equitativa para todos los involucrados.